Creompaz y la Corte Suprema de Esquizofrenia

El diputado Édgar Justino Ovalle es cofundador del partido Frente de Convergencia Nacional y aliado cercano del presidente Jimmy Morales. La Fiscalía de Derechos Humanos lo vincula a delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos entre 1981 y 1983 por el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz). Pese a que otros ocho exmilitares señalados en el caso Creompaz ya fueron ligados a proceso[1], al solicitársele a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dar trámite al proceso de antejuicio, este fue rechazado unánimemente e in limine el 28 de enero de 2016. A juicio de la CSJ, los señalamientos contra Ovalle eran «espurios».

El Ministerio Público impugnó la decisión en la Corte de Constitucionalidad por vía de amparo. El 18 de agosto esta ordenó que la Corte Suprema de Justicia debía fundamentar mejor su resolución[2]. En una vuelta en u, el 29 de agosto la CSJ decidió, de forma unánime, que ahora sí procede el antejuicio. Esto implica que la decisión inicial de la CSJ era insostenible, ya que no podía fundamentarla.

La pregunta es cómo puede la misma corte, con el mismo expediente, con los mismos indicios y con los mismos señalamientos, llegar a una conclusión contraria y, más aún, por unanimidad. ¿Qué cambio hubo entre enero y agosto de 2016 para explicar esta esquizofrenia jurídica?

Mencioné que fue la misma corte en enero y en agosto, pero en realidad creo que no lo era. Cuando se denegó la solicitud de antejuicio en enero de 2016, el magistrado Douglas Charchal aún no había sido señalado en el caso TCQ. En cambio, en este momento se encuentra sin inmunidad y bajo investigación por dicho caso y, pese a sus mejores esfuerzos, no integró la corte que le retiró la inmunidad al diputado Ovalle. El magistrado Charchal había pedido licencia para ausentarse de sus labores hasta el 9 de septiembre, mientras se lo investigaba por el caso TCQ. Sin embargo, días antes de que la corte retomara el caso del antejuicio de Ovalle, Charchal pidió ser reintegrado. Esta petición llegó a la magistrada Silvia Patricia Valdés, presidenta en funciones, ya que el presidente Rojas estaba fuera del país.

La solicitud de Charchal de ser reintegrado en la corte causó polémica en las redes sociales, dado que se interpretó como un intento de beneficiar a Ovalle. Tanto fue el clamor en contra de su solicitud que hizo declaraciones en la prensa a efectos de que se inhibiera de conocer antejuicios o procesos que se relacionen con política, probablemente en referencia al caso de Ovalle. De todas formas, su solicitud de regresar a la corte fue denegada.

Curioso que Charchal entregara su solicitud de ser reintegrado en la corte cuando el presidente Rafael Rojas estaba fuera del país. La presidenta en funciones, la magistrada Valdés, quien recibió su solicitud, fue señalada en marzo de este año por La Hora de estar detrás de un plan para debilitar a la fiscal general. Se la acusa de actuar en contubernio con la magistrada Blanca Stalling. Al filtrarse la noticia del complot a la prensa, se renovó la llamada para que Stalling renunciase a su cargo como magistrada de la Corte Suprema.

Stalling es otro elemento importante para entender el cambio de opinión de la corte. En enero de 2016, la magistrada era presidenta de la Cámara Penal. Sin embargo, cada vez ha sido más tachada de «no idónea» para ocupar el cargo de magistrada y señalada por varios colegas y algunos medios de ser una de las fuerzas «opacas» dentro la CSJ. Es otra magistrada cuya posición dentro de la corte ha sido debilitada escándalo tras escándalo.

Aquí cabe mencionar al honorable magistrado Vladimir, quien también, en el ínterin de las dos decisiones opuestas de la corte, sufrió por un escándalo relacionado con su posible involucramiento en el caso TCQ, que provocó su renuncia en mayo.

El cambio radical en cuanto a la inmunidad de Ovalle también es una respuesta de la corte a la coyuntura actual. Ya ha avanzado bastante el caso Creompaz y se ha vuelto más difícil negar los hechos alrededor de este. Entre enero y agosto ha habido avances importantes en los múltiples casos de corrupción promovidos por la Cicig, que cada vez más desenmascaran y deshacen las telarañas de tratos sucios que han mantenido en el poder a algunas fuerzas oscuras. También estamos viviendo un momento en el que quizá no conviene ser visto como aliado del presidente Jimmy Morales. Puede ser que la misma cercanía al presidente que amparó a Ovalle en enero sea lo que ahora lo debilite, ya que Morales es cada vez más cuestionado por la sociedad y se encuentra implacablemente ridiculizado en los medios por una metida de pata tras otra.

De todas formas, las decisiones de la CSJ no deben ni basarse en cuestiones coyunturales ni depender de la fuerza política relativa de sus integrantes. Solo debe haber un criterio para una resolución judicial: el derecho. Por supuesto aplaudo la decisión de la corte de no promover la impunidad, pero sigo a la espera de una judicatura que resuelva consistentemente conforme a la ley. La independencia judicial verdadera exige que las instituciones hagan justicia sin importar dónde sopla el viento o quién viene a tocarles la puerta.