Las actuaciones del Ministerio Público (MP) y en particular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), dirigida por Rafael Curruchiche, atentan en contra del proceso electoral, del sistema democrático y del régimen constitucional de derecho. Estos hechos antidemocráticos e ilegales han desatado una ola de pronunciamientos que, casi en consenso y al unísono, condenan el actuar del MP y de la Feci y defienden a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a sus órganos temporales.
Además de un apoyo enérgico al pleno de magistrados y magistradas del TSE y a su equipo de trabajo, el apoyo es unánime para quienes integraron las más de 24,400 juntas receptoras de votos. También para las más de 73,200 personas que trabajaron voluntariamente desempeñando roles diversos durante los comicios, a los 5.6 millones de personas que votaron el 25 de junio y a los 4.2 millones el 20 de agosto.
Estos números empequeñecen al ridículo las 1,000 personas, anónimas, que Curruchiche alega y que, supuestamente, sustentan su actuar.
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Las personas y organizaciones guatemaltecas que se han pronunciado condenando las acciones del MP y defendiendo al TSE son, además de numerosas, muy diversas. Desde sus visiones, mandatos, recursos y espacios están movilizándose para pronunciarse o protestar, con acción pacífica y enmarcada en la Constitución Política de Guatemala. Además, estas acciones nacionales están siendo acompañadas por numerosos pronunciamientos de la comunidad internacional, algunos con tonos enérgicos que no descartan sanciones en caso se rompa el orden constitucional, o el ataque al proceso electoral alcance magnitudes catastróficas.
Se presume que estas acciones de la Feci de Curruchiche fueron aprobadas y autorizadas por Consuelo Porras, aún Fiscal General y Jefa del MP, por lo que ella es la responsable principal y primaria de estos crímenes.
Conforme la gravedad de las ilegalidades que está perpetrando el MP se agudice más y más, el futuro de Porras y su pandilla, se torna también más y más negro, al punto que luce ya como si se tratase de un actuar estúpidamente suicida, además de merecer ya el desprecio y el repudio ciudadano masivo, la condena unísona y consensuada de prácticamente todos los sectores nacionales y de la comunidad internacional, una vez fuera del cargo y despojada del derecho de antejuicio, seguramente le esperan juicio y cárcel.
Sin embargo, precisamente fundamentada en esta responsabilidad prima, Consuelo Porras tiene hoy una oportunidad para reflexionar. ¿En realidad ella ha autorizado todo esto, incluso el secuestro de los originales de las actas electorales? ¿Estará Curruchiche, enajenado de poder, actuando con una autonomía que excede su mandato y la autoridad de la fiscal general y jefa del MP.
Porras no necesariamente tiene por qué compartir las motivaciones personales que pueda tener Rafael Curruchiche, exploradas de manera brillante por la Doctora Irma Alicia Velásquez Nimatuj en un artículo reciente publicado en la revista de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Y con ello, tampoco tiene por qué continuar compartiendo responsabilidad por la conducta de Curruchiche, tan servil y rastrera, con violaciones a la ley casi suicidas.
Así que, dependiendo de las reservas de sensatez o puro y llano instinto de supervivencia de Consuelo Porras, quizá Curruchiche luzca hoy más como un fusible, que como un héroe, campeón de la impunidad y del pacto antidemocrático y corrupto. Un fusible que, para Porras, ante el tsunami de condena nacional e internacional y el repudio ciudadano, empiece a lucir más conveniente quemar que conservar.
Al final de cuentas, para eso son los fusibles, ¿no, señora Fiscal General?
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