Cada día nos levantamos esperando noticias sensacionales. Salen por todos lados (redes sociales, radio, televisión, medios escritos, medios digitales y tertulia callejera). Lo malo es que hay versiones diferentes.
Así que déjenme mezclar resumidamente las distintas fuentes de información y desinformación sobre el tema que compite duramente por el premio a mejor inspirador de memes en la pasada campaña electoral. En lucha fratricida con las sucursales del Intecap en gringolandia y la ignorancia como la mayor riqueza de Guatemala se encuentran las supuestas cinco mil supuestamente falsas firmas de los listados de formación del Movimiento Semilla. Dura pelea, aunque hay que reconocer que lo de las firmas es lo único serio, tanto que tiene a la democracia colgando en un precipicio, apenas agarrada de una ramita que parece estarse separando de las raíces abrazadas a las rocas.
Me explico: lo de las firmas es el argumento de base para la descalificación moral y la desaparición institucional del partido Movimiento Semilla, así como la condena penal y muerte cívica de varios de sus dirigentes. También está de por medio una serie de violaciones de la Constitución Política de la República y la amputación de poderes y mandatos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). ¡No es poca cosa!
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El caso es: sobre la base de un mero supuesto («hay cinco mil firmas falsas») y la demanda de un ciudadano se busca la anulación del derecho de organización política de las casi 30,000 personas (desconozco el número exacto) que decidieron formar su partido político. Eso viola derechos humanos y conlleva el enjuiciamiento por la vía penal de los dirigentes de Semilla, que de ser declarados culpables hasta deberían pagar con cárcel. ¡Ave María Purísima!, diría Abdón Rodríguez Zea.
Por su parte, el partido acusado busca defenderse, pero no se lo permiten porque no le dan copia del expediente acusatorio, que es otra violación legal. ¿Se recuerda cuando se puso de moda aquello de que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, la judicialización de la política y el respeto al debido proceso? Lindo, pero hoy parece que era de mentiritas.
Enredando más la cosa, un juez sin jurisdicción en asuntos electorales, a solicitud de un Ministerio Público que se excede en su mandato, decide ignorar el artículo 92 de la LEPP y ordenar la suspensión temporal del partido. Y conste que doña Corte de Constitucionalidad reconoció la validez del artículo 92 aunque después volteó la cara mientras los rudos le picaban los ojos al registrador de ciudadanos, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a dos millones y medio de votantes.
Lo anterior hizo que varios abogados constitucionalistas (redactaron la Constitución Política y la LEPP) sacaran a la luz sus autorizadas opiniones. Por falta de espacio lo resumo así:
No es legal inscribir un partido con irregularidades en las firmas. El Registro de Ciudadanos debe revisar los expedientes y emitir dictamen. Existe un plazo para hacerlo y luego el expediente se abre al escrutinio de la ciudadanía y de los demás partidos políticos. Hay un plazo para presentar objeciones. Pasado el plazo, el trámite continúa y el partido se legaliza. Si se encuentra algún problema, se multa al partido y se le pide que enmiende el problema (por respeto a los miles de personas ya afiliadas). Fin de la historia. Lotería pasada no es pagada.
Imagine que usted es doctor/a y un día de tantos le anulan el título obtenido hace cinco años porque supuestamente hubo un error en algún examen de curso y en realidad no fue aprobado. Encima hay prisión. No le muestran qué curso fue ni cuál es la pregunta mal calificada. No permiten su defensa. Bueno, es lo mismo. Creo que no hace falta explicar más. El caso de las firmas impulsado por las firmitas resulta violatorio de la ley por todas partes. Y encima, cuando el caso no ha ni empezado, el MP manda un insólito chisme escrito al Congreso y su Junta Directiva le da valor de magna sentencia legal y le da muerte legislativa al partido.
Ante estas gravísimas circunstancias, ¿por qué el silencio cómplice del CACIF, de los supuestos partidos y candidatos «antisistema», del empeorador de los derechos humanos, de los órganos oficiales de los colegios profesionales, de los gremios y sindicatos, de las universidades y de los tanques de pensamiento (hoy carcachas sin movimiento)?
Esto no es solo contra Semilla y otras víctimas colaterales, es contra dos millones y medio de votantes, de la democracia y de la institucionalidad. No escupan al cielo.
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