En el primero de los casos se encuentran iniciativas para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre las cuales aparece la planteada por la Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep). Asimismo, han surgido propuestas de reformas a normativas en materia de servicio civil y del régimen de compras y contrataciones del Estado, así como de cambios en la legislación en materia de justicia. También avanzó la recién aprobada reforma a la Ley Orgánica del Legislativo y otras que resultan secundarias e insuficientes si se piensa en la necesidad de repensar el régimen político, siendo que ahí se encuentra el meollo de las crisis y de los nudos problemáticos fundamentales del Estado guatemalteco.
Con relación a reformas a la Constitución Política, en las últimas semanas han surgido dos propuestas que se suman a las divulgadas antes del relevo gubernamental del mes de enero. Una de ellas provino de un bloque de diputados tránsfugas que aducen la necesidad de discutir asuntos superficiales y secundarios como el número de diputados en el Congreso de la República y la pena de muerte. La segunda implica la propuesta de un proceso para generar cambios con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia, el cual tendría como objeto de diálogo, discusión y formulación reformas a leyes ordinarias y a la Constitución Política. Este proceso ha sido propuesto por el Ministerio Público, la oficina del Procurador de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Es indudable que todas estas propuestas se orientan a un perfeccionamiento del régimen político. Y lo hacen a partir del supuesto de que el sistema político como vehículo de dicho régimen no funciona y es un factor que impide la gobernabilidad, el desarrollo y la democracia. A partir de ahí se plantea la necesidad de resolver nudos problemáticos que permitan la existencia de un Organismo Legislativo que legisle ágil y coherentemente, de un Organismo Ejecutivo efectivo en materia de políticas públicas y de un Organismo Judicial que sea eficaz en la administración de justicia. Claro está: los actores que lo promueven parten de concepciones enmarcadas en el establishment y tienen los recursos y las condiciones para influir o ejercer poder para que este tipo de propuestas se abran cauce.
Más allá de lo que pudieran perseguir y del alcance de cada propuesta planteada, vale decir que todas parten de la idea de que el régimen político es perfectible. En su contenido, ninguna de ellas plantea resolver integral y radicalmente las falencias y contradicciones de un Estado que, después de más de 30 años de la actual Constitución Política, está demostrando sus límites históricos para garantizar el bien común, para responder a las características de la sociedad guatemalteca y más aún para dar respuesta a las demandas y a los derechos de los grupos, de las clases sociales y de los pueblos mayoritarios.
En tal sentido, pensar en la transformación del Estado y, por consiguiente, del régimen político en dirección a construir un país con justicia social, donde prime el bien común y el interés real de las grandes mayorías, requiere plantearse tres desafíos de primer orden en el proceso de formulación de propuestas en esa dirección.
El primer desafío es la necesidad de una reforma profunda para garantizar el cambio de modelo económico, el cual a lo largo de las últimas décadas muestra como principal resultado la reproducción y el crecimiento de la miseria en términos absolutos y relativos. Y esto se debe al acaparamiento de medios de producción como la tierra y del capital dinerario, como sucede con el crédito, así como al expolio y deterioro de los bienes naturales y de la naturaleza en su integralidad, al atraso de las fuerzas productivas y a la concentración de poder en el control de los sectores económicos por parte de grupos corporativos locales y de empresas transnacionales. Asimismo, se debe a una política económica que garantiza el raquítico pero importante crecimiento económico, la concentración de la riqueza socialmente producida y la reproducción de políticas para beneficio de la clase dominante, contrarias al interés público y al bien común. Esto conlleva la imposibilidad de garantizar medios de trabajo, empleo y salario digno para las mayorías empobrecidas, lo que orilla a la implacable y riesgosa emigración y a la escogencia de opciones precarias en la economía informal e incluso en el crimen organizado.
[frasepzp1]
El segundo desafío concierne al régimen político, que se concreta en un Estado con un carácter y una orientación determinados por el interés del gran capital local y transnacional y supeditado a poderes extranjeros. Asimismo, por un sistema de partidos dominado por la cooptación empresarial y mafiosa, por el interés y una práctica rentista en los partidos y de los políticos y por el clientelismo como relaciones articuladoras fundamentales. Es decir, un Estado en el cual predomina la defensa de un establishment profundamente antidemocrático. Eso impide que dicho sistema logre siquiera hacer efectivos los principios liberales de la representación política, la intermediación y la agregación de intereses de los grupos mayoritarios y de las minorías excluidas y marginadas.
El tercer desafío se relaciona con el proceso de formulación de propuestas de reforma política para la construcción de un Estado democrático o de un Estado distinto al actual. Y esto refiere a las condiciones, los sujetos y el proceso que son fundamentales para tales cambios. En ese orden, el conjunto de actores vinculados al establishment propone —o impone— como límite reformas que debieran ser aprobadas por el Congreso de la República, con lo cual cierran el paso a propuestas y demandas de una asamblea nacional constituyente, que incluso podría trastocar los llamados artículos pétreos, cuya superación podría ser requerida por el poder soberano del pueblo. De forma implícita o explícita se les niega a sujetos colectivos, como los pueblos indígenas, el campesinado, etcétera, ser parte fundamental de la concepción y del acuerdo para un nuevo pacto social, pues esto implica abrir paso al interés y a la propuesta que de ellos emanen y que antagonizan con los intereses de la clase dominante y del dominio externo en Guatemala. Y por último se establecen procedimientos pensados e institucionalizados con concepciones y políticas restrictivas por quienes definen el proceso y las condiciones de diálogo, de discusión y de formulación de propuestas.
Es evidente que el conjunto de propuestas que se abren paso está siendo planteado por tecnócratas o por pequeñas élites que creen saber cuál es el curso que debiera tener la reforma o la transformación política del país. Al extremo de que son gestadas a puerta cerrada, excluyendo sujetos sociales de primer orden como los pueblos indígenas, se plantean como procesos de diálogo nacional cuando son integradas comisiones a dedo y se expresan en planteamientos autoritarios que determinan el alcance y el límite que debieran tener tales reformas. Y, lo más grave, están siendo tuteladas desde representaciones diplomáticas injerencistas y organismos que, aun cuando podrían tener buenas intenciones, operan reformas pensadas con objetivos geoestratégicos de potencias globales.
Por consiguiente, en tales procesos y propuestas se niega la necesidad de realizar una revisión profunda y radical del régimen político, del Estado y del sistema político, tal como ha sido planteado y demandado por múltiples sectores y organizaciones que incluso están planteando la creación de un Estado democrático, plurinacional, popular y con justicia social.
Así las cosas, y tal como se pinta el panorama inmediato, lo que tendremos son reformas secundarias, que a lo sumo refuncionalizarán el actual régimen. Se continuarán negando las profundas falencias y contradicciones de un Estado que por su carácter actual impide la persecución del bien común y del interés público, pues lo supedita al interés del capital y de la clase dominante.
Hará falta que surja una fuerza política capaz de hacer avanzar esos cambios profundos y de garantizar la representación y la participación protagónica de los sujetos históricamente excluidos.
Más de este autor