En los últimos días hemos estado platicando con amigos, gente de empresa, de negocios y de academia sobre la incertidumbre que nos embarga previo a la elección presidencial del próximo 20 de agosto. Alguien que maneja de manera hábil los pasillos ocultos de las sociedades y negocios anónimos de la Guatemala de hoy bien me dijo: «Mirá, para mí el nombre de los protagonistas de la energía y del ambiente me definen el tipo de gobierno que habrá de tomar una primera forma en los próximos meses. Recordá que los suizos bien tienen sus cuentas cifradas y muy secretas, y quien quita un primer pistoletazo de dólares primero comienza a poner las piezas del ajedrez en el entramado de los grandes negocios eléctricos, de la minería extractiva, del gas y los hidrocarburos entre otros».
Me puse a pensar en lo cómodo que resulta estar en la poltrona del Ministerio de Energía y Minas, en el poco protagonismo que tiene ante las demandas sociales, en relación, por ejemplo, con uno que se ocupe de la salud, la educación, la gobernación o bien las finanzas públicas. Este último es víctima del ajetreo constante de la pedidera de dineros por todos lados.
La cartera de Energía y minas es engañosa. En primer lugar, resulta risible el presupuesto que maneja, comparado con el de Educación por ejemplo. El anteproyecto de presupuesto para 2024 le tiene asignado un monto 228 veces menor al de Educación y 408 veces menor a las obligaciones del Estado a cargo del tesoro, que comprende la gran cantidad de asignaciones y transferencias que hace la administración central a un cúmulo de entes que son de lo más variopinto que uno pueda imaginar.
¿Qué quiere decir esto?, simplemente que el mandamás de Energía y Minas no debe estar tan ajetreado con miles de demandas sociales. Se la pasa en conciliábulos internacionales y en reuniones con petroleros de Texas, o con megainversionistas mexicanos que hoy abrieron su gran mercado energético con miras a exportar a los Estados Unidos. Cuentan las malas lenguas que en tiempos de algunos de esos nuestros gobiernos tan amigos de los grandes negocios, a uno de tales ministros lo invitaban a jugar golf y, desde luego, platicar de negocios en Houston, y lo retornaban el mismo día en un super taxi-jet privado.
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Una buena parte de tales ministros han sido funcionarios prestados de las empresas formalizadas como sociedades anónimas para operar en Guatemala, pero que retornan cartera y dinero a las empresas asentadas en Panamá o en cualquiera de los paraísos fiscales, bien conectados con Andorra, Luxemburgo o con los bancos suizos en donde tienen su peculio dinerario los grandes potentados guatemaltecos y centroamericanos socios.
Recomiendo al lector mi artículo publicado en la Revista Análisis de la Realidad Nacional, Manera de Ver, titulado «La cuestión minera: el níquel en Guatemala» (Revista Digital 241, 2023), que bien hace ver que a partir de diversas resoluciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, y de la Ley Magnitsky, se denuncian las corruptelas de ejecutivos extranjeros contratados por la transnacional Solway, que tiene la concesión de los principales proyectos de explotación de níquel a cielo abierto.
Estos proyectos en Guatemala están siendo puestos hoy al mejor postor para ser reabiertos, lo que será una tremenda responsabilidad para el nuevo gobierno electo. Adicionalmente, la renovación, o no –comenzando por una concienzuda evaluación ambiental– de los pozos petroleros en el noroccidente del Petén, aledaños con la Laguna del Tigre (es decir Perenco).
Y a ello le añadimos los grandes proyectos de interconexión y transporte eléctrico –algunos relacionados con la conflictividad generada por TRECSA–, los daños ambientales ocasionados en el Río Cahabón y la región de Oxec por los proyectos hidroeléctricos bien conocidos por su conflictividad, y, por supuesto, las futuras dicotomías entre generación con combustibles fósiles versus una generación más sostenible, con la menor conflictividad social y amigable con la naturaleza.
Finalizamos así con recomendar el nombramiento de funcionarios independientes, creyentes en el perfeccionamiento de la regulación y el arbitraje, y alejados de los grandes sectores inversionistas para ser neutros y responsables a la hora de la toma de decisiones.
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