Una primera evaluación desnuda a los actores ganadores: los burócratas y maestros del Ministerio de Educación, los exportadores con los grandes subsidios de crédito fiscal, unos cientos de adultos mayores con el programa estrella que se expande en el Ministerio de Trabajo, grupos desperdigados de marginados unidos al clientelismo del Ministerio de Desarrollo. No digamos las magistraturas del sector justicia con sus sueldos insultantes. Ah, y por supuesto los alcaldes y caciques que manejan sin técnica ni honestidad la obra pública hormiga, atomizada y pésima en calidad. Veamos entonces:
Sobre los burócratas y maestros de Joviel Acevedo: el Ministerio del ramo se lleva la quinta parte del presupuesto de la nación, lo que asciende a 23,050 millones de quetzales. De tal cantidad, el 99 % está dedicado a funcionamiento, primordialmente sueldos, con sus correspondientes aumentos y pacto colectivo. La inversión simplemente da risa, a pesar de las grandes carencias educativas. Las normas presupuestarias son laxas en relación a la proliferación de pactos colectivos que se comen los gastos de funcionamiento.
Sobre los exportadores privilegiados: los altos decisores de la SAT han sido magnánimos con el subsidio del crédito a la exportación. El salto del subsidio del 2022-2023 es anormal, pasando de 2,941.4 millones de quetzales a 4,319 millones de quetzales. Es decir, un 46 por ciento de incremento. Es difícil creer que el monto exportado de este año con respecto al de 2022 es de tal magnitud. Hay que investigar qué está pasando en esa caja negra –como suele llamársele a procesos de inspección–, administrativos y decisores que poco se divulgan y comentan por estos lares.
[frasepzp1]
Con respecto al Programa del Adulto Mayor: el presidente Giammattei ha sido magnánimo con la ampliación de cobertura, que es hoy financiada con la millonaria emisión de bonos de la deuda interna de más de 10,000 millones de quetzales, y que es una prebenda más para cuatro o cinco bancos privados, incluyendo a Banrural, en donde es exagerada la participación de estas inversiones en detrimento del crédito para el desarrollo. Para los adultos mayores beneficiados se trata de una pensión muy modesta que se esfuma con la compra de algún medicamento para enfermedad crónica. Podrían pasar a la seguridad social bajo un programa bien diseñado, pero eso ni siquiera se piensa hoy en día, con diseñadores de política tan estrechos de mente. El aporte total al IGSS no supera los 1,400 millones de quetzales. Es decir, menos de la tercera parte de lo que se va en subsidiar exportadores. ¡Este país sí que es paradójico!
Sobre un aporte de 900 millones de quetzales a Desarrollo Social: se trata de programas desordenados asignados al Ministerio del ramo, con tan solo un aproximado de 250 millones de quetzales para Transferencias Monetarias Condicionadas (que en caso de haber ganado Sandra Torres, que ofrecía dinero para cada mujer departamental, se habría comido el presupuesto entero). Dentro del cuantioso barril sin fondo que se denomina Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que es el más gigantesco de las asignaciones presupuestarias, el citado Ministerio se lleva una buena tajada de más de 900 millones de quetzales en comedores y otras dádivas desordenadas de un coherente programa de protección social. Vale indicar que hay almuerzos que se regalan por varios lados a 46 quetzales la ración. Los grandes beneficiados son unos cuantos proveedores vinculados al cacicazgo de las regiones.
Con respecto a las magistraturas: bien sabemos que se comen el dinero en los altos sueldos de magistrados, y con buena dedicación también a los requerimientos del Ministerio Público que son abundantes. Tan solo el Instituto de la Defensa Pública Penal percibirá en 2024 más de 260 millones de quetzales. Al transitar por la ciudad de Guatemala uno encuentra desperdigados los edificios dedicados a diferentes ramos de la justicia. Los gastos en alquiler a terratenientes urbanos privados y en pactos colectivos se llevan la medalla de oro en el presupuesto, comparado ello con los magros resultados de la mora judicial o resolución de querellas y casos en beneficio del ciudadano de a pie.
Y con respecto a los caciques y alcaldes y su obra con sobra, ni hablar: los aportes a los proyectos que este escribiente llama «obra pública hormiga», sin factibilidad ni buen fundamento, se llevan cerca del 75 % de la inversión programada, siendo que lo asignado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es risible en relación a lo que se desparrama por todas las municipalidades, gobernaciones departamentales y los famosos COCODES, viveros de los caciques edilicios que bien merecen otra columna analítica posterior.
Aquí van entonces unos primeros destellos del proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Finanzas y que seguramente enfrentará más pedidera de pisto en el Congreso.
Más de este autor