Los defensores de los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, acusados de cometer actos de genocidio en contra del pueblo ixil, han evitado litigar con argumentos y evidencias y han recurrido a la manipulación de los recursos y las garantías que establece la ley para entorpecer el proceso y el desarrollo del juicio. Artes y técnicas del litigio malicioso bien conocidas y perfeccionadas en un país donde la impunidad impera y la confianza en el sistema de administración de justicia es prácticamente nula.
Luego de la artimaña que logró que la CC anulara formalmente (pero no moralmente) la sentencia del 10 de mayo de 2013, los laberintos judiciales condujeron a que la semana pasada debía reanudarse el juicio. De nuevo la defensa está evitando el litigio con argumentos y pruebas, y ahora se aduce deterioro de la salud de Ríos Montt. El juzgado, tal y como ocurre en todo lugar del mundo, ordenó que el presunto genocida fuera evaluado durante 10 días en el Hospital Nacional de Salud Mental Carlos Federico Mora para determinar si padece demencia senil.
En esta coyuntura resultan reveladores los alegatos de los defensores de Ríos Montt, incluyendo los de su hija Zury, a la sazón candidata presidencial: que enviarlo al Federico Mora es un atropello que viola sus derechos humanos y su condición humana, que viola la Ley del Adulto Mayor, que teme por la vida de su padre, etc. Vaya, esto sí que es revelador. Cuando de su padre se trata, los derechos humanos, la situación atroz del hospital nacional de salud mental y las condiciones de los adultos mayores se tornan relevantes y apremiantes. Pero ¿le importan las personas que hoy están internadas en ese nosocomio o los demás adultos mayores? ¿O acaso su padre tiene una calidad humana superior o más meritoria que la de las víctimas del genocidio? Y en general, ¿justicia y castigo para los demás, pero impunidad para su padre? Vaya aspirante a estadista.
Estoy a favor de que se defiendan los derechos humanos de Ríos Montt, tanto como exijo el respeto de los derechos humanos de cualquier acusado. Pero también exijo que Ríos Montt (o cualquier otro acusado) no goce de privilegios injustificados. ¿Por qué Zury Ríos no alzó su voz con la misma preocupación e indignación cuando la defenestrada Baldetti calificó el Federico Mora de «rebonito»?
Solo días transcurrieron para que un juez ordenara que Ríos Montt no fuera trasladado al Federico Mora. ¿Por qué? ¿Qué tiene Ríos Montt que no tenga quien hoy está internado en el Federico Mora? ¿Será que la diferencia es que Ríos Montt tiene a un juez corrupto en su bolsillo que le granjea privilegios inaccesibles al ciudadano común? Esta es justamente una de las características de la impunidad: la posibilidad de que alguien pueda lograr que un tratamiento que debería ser general se aplique en casos particulares con discrecionalidad, de que existan ciudadanos que puedan violar la ley y evitar o mitigar la severidad del castigo establecido en esta.
El caso de Ríos Montt es muy grave porque la defensa continúa logrando éxitos al impedir el proceso vía retardos maliciosos que no abordan argumentos y evidencias. El sistema de administración de justicia está a prueba en el caso de Ríos Montt, al igual que en los casos en los cuales diputados, dignatarios, funcionarios, empleados públicos, candidatos, empresarios y otras personas que detentan poder económico o político enfrentan señalamientos graves.
¡No más impunidad!
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