Con una oligarquía de orígenes muy parecidos a los de la guatemalteca, sus élites, sin embargo, son más ilustradas que las chapinas, aunque tan conservadoras y holgazanas como las centroamericanas. Sus clases medias tienen más alta escolaridad y mayores niveles de consumo que las nuestras. Además, con una población estimada en 17.5 millones, los pueblos indígenas constituyen entre el 7 y el 10 % de la población, frente al 48 % en Bolivia y al 45 % en Guatemala.
Con índices de pobreza parecidos en casi todo el siglo XX, la pobreza y la pobreza extrema se redujeron significativamente a partir de 2007 y pasaron, respectivamente, de 37 a 17 % y de 26 y 9 % en 2013, es decir, durante los primeros dos períodos del gobierno de Correa. Sin embargo, con la caída de los precios del petróleo y las presiones comerciales externas, entre 2013 y 2017 la pobreza volvió a aumentar, sin alcanzar, sin embargo, los niveles de 2006. No obstante, en los tres años del gobierno de Moreno la reducción de la pobreza no solo se estancó a nivel nacional, sino que se incrementó en los espacios rurales, lo que afectó significativamente a las poblaciones indígenas y se agudizó en 2020 con la pandemia.
Ecuador no se vio en movimientos insurreccionales posiblemente porque los regímenes conservadores de la primera mitad del siglo XX supieron satisfacer las demandas de las clases medias e hicieron invisible para estas la situación de los sectores rurales, particularmente los indígenas. Sin embargo, su relativa estabilidad democrática conservadora, afectada por las dictaduras militares (producto de golpes de Estado) de 1966 y de 1970 a 1979, vivió un largo período de inestabilidad y desorden: entre 1996 y 2007 ejercieron siete presidentes, algunos electos y otros interinos, y apenas uno (Gustavo Noboa, 2000-2003) logró cubrir tres años de gestión.
Es en estas circunstancias en las que el movimiento indígena crece y se desarrolla, fundamentalmente a partir de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ya en los años 80 consiguió hacer oficiales los idiomas maternos y que se desarrollara la educación intercultural bilingüe. Fuertes social y políticamente, optan por apoyar abiertamente la candidatura de Lucio Gutiérrez en 2002, cuyo desorden autoritario y cuya corrupción condujeron a que el Congreso lo depusiera a la mitad de su mandato, situación que afectó grandemente las perspectivas políticas del movimiento indígena.
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De esa cuenta, a pesar de fuerte, el movimiento indígena del Ecuador no consigue la coherencia y la fuerza alcanzadas por el de Bolivia, posiblemente porque en este segundo país la clara, abierta y cada vez más sólida alianza entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) se ha consolidado y ha dado lugar a un partido que se nutre con el movimiento social y se orienta por este, de modo que ambos mantienen su identidad e independencia.
Mientras el MAS y el IPSP son dos brazos de un mismo cuerpo, construidos en la dinámica social y en la política bolivianas, la Conaie ecuatoriana no se ve totalmente representada en el Pachakutik, partido político indigenista que en 2019 impulsó la candidatura de Carlos Ranulfo Yaku Pérez Guartambel para prefecto (gobernador) de la provincia de Azuay, cargo que ganó y administró hasta retirarse para ser candidato presidencial. Pachakutik solo representa a un sector del movimiento indígena, y eso hay que tenerlo muy en cuenta en estas elecciones.
Sin embargo, la Conaie tampoco es correísta. El gobierno de Correa le apostó más al desarrollo económico industrial que a la inclusión político-social de los pueblos indígenas. Los pobres ecuatorianos son mestizos en su mayoría, por lo que, apoyando o no las demandas de los pueblos originarios, sí se sintieron incluidos en las reformas estructurales y políticas de Alianza País, la organización política creada alrededor del proyecto político de Correa y que, a partir del triunfo electoral de este en 2006, se lanzó a transformar a fondo la carta magna ecuatoriana.
Esa nueva Constitución, la que estableció como norma fundamental el buen vivir, que implica el combate de la discriminación y de la desigualdad, es, en consecuencia, producto y base de la propuesta política correísta. De ahí que el desmantelamiento de ese proyecto implique dejar de lado las conquistas populares adquiridas en los diez años de la gestión de Correa, algunas de ellas, hay que decirlo, no del todo vinculadas a las exigencias específicas de los pueblos originarios.
Por eso el evento electoral recién pasado implicaba, más que reivindicar la figura de Correa, recuperar ese legado y actuar en consecuencia. Y los resultados electorales no pudieron ser más elocuentes. El joven candidato que abandera ese proyecto obtuvo, según los datos oficiales, 32.72 % de los votos válidos, lo que significa que una tercera parte de los electores consideran necesario retomar ese proyecto. Sin embargo, el anticorreísmo, impuesto de manera machacona por las oligarquías a través de todos los medios, obtuvo el otro 66 %, lo que visto simplistamente podría llevar a pensar que ya todo está consumado.
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Evidentemente, el más claro y conspicuo representante del proyecto neoliberal anticorreísta es Guillermo Lasso, una especie de Mauricio Macri aún más a la derecha. Sin embargo, nadie creyó que el estilo neoindigenista conservador de Pérez captara otro quinto del electorado al disputarle a Lasso el liderazgo del anticorreísmo voto a voto. Aún quedan dudas sobre la exactitud del conteo de votos, y, si bien la misión de observación electoral de la OEA, liderada por la exvicepresidenta de Panamá Isabel de Saint Malo, quiso hacer pactar a Lasso y a Pérez para constituir un frente anti-Correa, las oligarquías criollas (pelucones, como allá las llaman) no quisieron correr el riesgo de dejar su futuro en manos del volátil y disperso Pérez, por lo que consiguieron que se sacramentara a Lasso en el segundo lugar.
Esta decisión (supuesto resultado electoral), si bien vuelve más frontal el escenario electoral ecuatoriano, también lo complejiza porque, quedando fuera el candidato indígena, quedan en libertad de elección todos aquellos que por identidad étnica le dieron su voto, de manera que la ausencia de Pérez en la disputa final puede perjudicar la candidatura de Lasso.
Por un lado, porque la sombra del fraude será difícil de disipar. Por otro, porque el movimiento indígena, ya fraccionado y fracturado desde antes, puede tender más a favor de las propuestas de Arauz que de las de Lasso, dado el carácter popular de la propuesta del primero. No sería de extrañar que, ante los cantos de sirena de las oligarquías, Pérez se movilice no solo para disipar la sombra del fraude, sino también para apoyar abiertamente a Lasso en un acto de solidaridad democrática, lo que no necesariamente aseguraría sus votos a favor del banquero candidato.
No incluir las demandas genuinas y específicas de los pueblos indígenas, en particular la defensa del territorio y de la naturaleza, fue un gran error de percepción del correísmo. No ampliar la alianza para incluir como candidato vicepresidencial a un líder o lideresa indígena, la evidencia de esa dificultad de percepción.
La disputa, pues, está abierta. Lo que sí queda cada vez más claro es que en ella no solo está en juego el futuro de los ecuatorianos, sino muy probablemente también el equilibrio, la independencia y el futuro de toda la región latinoamericana. De perder las derechas ese bastión, muchas cosas hermosas pueden suceder en el continente y las demandas de los pueblos originarios pueden conseguir ser satisfechas.
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