De la visita habrá de surgir un informe sobre los hallazgos en todos los campos observados por la CIDH en la materia. Desde la situación de los niños y los adolescentes hasta la de las personas privadas de libertad, así como el funcionamiento del sistema de justicia y la independencia judicial, la seguridad pública y, particularmente, el nivel de riesgo en que defensoras y defensores de derechos humanos ejercen su trabajo, han sido campo de revisión.
Durante su presencia en el país, la CIDH se desplazó a Cobán, Alta Verapaz, para reunirse con organizaciones y víctimas del caso por la exhumación de más de 500 cuerpos en las instalaciones de la antigua Zona Militar 21, hoy sede del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), nombre con el cual se designa el proceso judicial. Además de encontrarse con víctimas y testigos, la delegación de la instancia internacional recorrió las instalaciones que fungieron como el mayor cementerio clandestino en América Latina. En Cobán también se reunió con las comunidades que defienden su territorio y su derecho a la vida ante la amenaza que representan los proyectos extractivos ilegalmente impuestos.
En Petén, la CIDH se encontró con las personas desplazadas y forzadas al refugio en la frontera con México. También visitó Huehuetenango, específicamente Ixquisis, San Mateo Ixtatán, donde los ataques contra quienes se oponen a un proyecto hidroeléctrico han sido tan graves que incluso fue ejecutado el líder comunitario Sebastián Alonzo.
Durante su visita, la delegación también recorrió las instalaciones del hospital psiquiátrico Federico Mora, que ha estado bajo monitoreo precisamente por el informe previo sobre la gravedad de las condiciones que viven quienes allí se encuentran bajo cuidado.
El estado de las personas privadas de libertad ha sido evaluado a partir de las visitas realizadas a los lugares de reclusión. De manera particular fue resaltada la condición de las llamadas carceletas en el sótano de la Torre de Tribunales. El relator para personas privadas de libertad, James Cavallaro, constató el estado calamitoso en que se encuentran.
En cuanto a la obligada independencia del sistema de justicia, la CIDH pudo recibir información sobre las amenazas a dicha independencia y sobre las agresiones a jueces que cumplen con su función. Agresiones que incluso provienen de las mismas estructuras del sistema, las cuales se utilizan para presionar en procura de impunidad.
La visita de la delegación despertó tal interés que, durante las mesas temáticas realizadas al inicio, no menos de 1 500 personas estuvieron presentes. Incluso hubo necesidad de ubicar mesas para recepción de denuncias. De hecho, hasta familias de militares procesados por crímenes de lesa humanidad acudieron a la CIDH para quejarse del sistema que enjuicia a violadores de derechos humanos más de tres décadas después de que cometieron dichas atrocidades.
Dos situaciones fueron particularmente preocupantes de abordar. La primera se refiere a la masacre en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un acto criminal en el que la responsabilidad del Estado no puede ser excluida bajo ninguna circunstancia. Menos aún se puede obviar la investigación en torno a las denuncias contra las redes de trata en el lugar.
La otra situación es el alto nivel de riesgo en que se encuentran defensoras y defensores de derechos humanos: el discurso de odio en contra de esa labor, la intolerancia manifiesta de actores y sectores de impunidad y el empleo indebido del derecho penal, que mantiene en calidad de prisioneros políticos o con orden de captura a decenas de líderes o lideresas que defienden el territorio.
En ese contexto resultó poco afortunada la declaración del gobernante Jimmy Morales, quien afirmó que aquellas personas que se oponen el desarrollo (en alusión a quienes objetan proyectos extractivos o de uso irracional de los recursos) son malos guatemaltecos. Esa sola declaración gubernamental es el botón de muestra de la situación calamitosa que hace de este país un paraíso para violadores de derechos humanos en todos los sentidos. En esta visita, la CIDH habrá constatado que, lejos de cumplirse sus recomendaciones en el informe del 2016 y de mejorar el estado de los derechos humanos, en realidad ha ido para peor.
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