Seguramente confiados en que es poco probable que se repitan las protestas masivas del año pasado en contra de las anomalías con las que el Congreso aprobó el presupuesto para 2021, la mayoría de la CFPM vuelve a mostrarse desafiante. Su dictamen para el presupuesto de 2022 está repleto de asignaciones de gasto para negocios sucios y corrupción.
Los mecanismos son los mismos de siempre. Incluyen obras de inversión pública en infraestructura con sobreprecios o sin el debido respaldo técnico o de procesos participativos legítimos. Además de los tradicionales proyectos amañados de inversión pública en infraestructura vial, destacan, bajo la fachada de obras necesarias de beneficio social, trabajos de construcción de ciertos hospitales y proyectos que son casos judicializados por actos de corrupción que investigó la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Juan Francisco Sandoval. Como ha ocurrido en los últimos años, estos recursos se perderán en la adquisición pública de materiales de construcción sobrevaluados o nunca entregados, comprados a proveedores vinculados con diputados distritales, alcaldes y gobernadores.
Se insiste en mantener el seguro médico escolar privado, que, también con una fachada de supuesto beneficio social, es un negocio para ciertas empresas aseguradoras que cobran puntualmente, pero cuyo esquema de atención es evidentemente ineficiente, excesivamente oneroso y, sobre todo, discriminatorio. Por culpa de los más de 300 millones de quetzales que en 2022 se le asignarán a este seguro privado, el Ministerio de Educación dejará de entregar al estudiantado 10,875,986 cuadernos de trabajo y libros de texto. Por cierto, tal como fue propuesto por el Ejecutivo y dictaminado por la CFPM, el presupuesto para 2022 es uno de los más agresivos en contra de la niñez y la adolescencia, ya uno de los sellos característicos del gobierno de Giammattei.
[frasepzp1]
En vez de corregir las múltiples falencias del proyecto de presupuesto presentado originalmente por el Ejecutivo, la CFPM empeoró la propuesta presupuestaria. Por ejemplo, en vez de suprimir aportes directos a ONG anómalas y vinculadas con diputados y otros sectores ilegítimos, la CFPM agregó muchos más con asignaciones directas millonarias y difíciles de fiscalizar. Con este saqueo se demuestra una vez más que, cuando el Gobierno habla de fiscalizar a las ONG, no se refiere a estas entidades espurias, que no son más que herramientas para la corrupción, el abuso, el robo y la malversación de fondos públicos, sino a las entidades legítimas, que, constituidas con la misma figura legal, trabajan para denunciar la corrupción, luchar contra la impunidad y defender los derechos humanos, que tanto molestan a Giammattei y a su clica de ladrones y militares criminales.
Contrario a lo que fanfarronea Giammattei en cuanto a que no gestionaron préstamos nuevos para 2022, toda esta orgía de corrupción, desfalcos y abusos se financiará con un endeudamiento público creciente, principalmente con los impuestos que pagamos. Porque lo que no dice Giammattei es que, si bien no gestionaron préstamos, el presupuesto para 2022 incluye un monto inmenso de deuda pública en la forma de bonos del tesoro, tanto los colocados en 2021 (recursos de caja) como los que se colocarán en 2022, que, comparados con los préstamos, resultan un endeudamiento público mucho más caro y opaco que los préstamos.
Así, a ver si a Giammattei y a su gente les damos el gusto de que se despachen robando con este presupuesto siendo una ciudadanía callada, apática y timorata. ¿Será que ya nos da lo mismo tener a un presidente que lidera una pandilla de corruptos y ladrones?
Más de este autor