Y es necesario porque, en definitiva, es posible que todos o la mayoría de los aspectos que contienen los temas citados lleguen a manos de la Corte de Constitucionalidad (CC), de tal suerte que la designación de quienes la integren es vital para Guatemala.
De acuerdo con la Constitución Política de la República, la CC está integrada por cinco magistraturas titulares y cinco suplentes. Dichas posiciones son establecidas a razón de una magistratura titular y una suplente por cada uno de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), así como por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
En el CANG se establecen mediante elección por medio de voto por candidaturas planteadas por aspirantes aglutinados en torno a distintas corrientes entre las abogadas y los abogados. En la USAC, por medio de una elección dentro del Consejo Superior Universitario (CSU). En el Congreso, con la elección por voto de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de las diputaciones que lo integran. En el Organismo Judicial (OJ), por medio del voto con mayoría simple entre las 13 personas que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La decisión del Ejecutivo suele ser (no hay ley que lo exija, pero tampoco que lo prohíba) por decisión unipersonal de la Presidencia de la República.
En los últimos años, y merced a las enormes debilidades que aquejan al sistema de justicia, pero sobre todo por el gigantesco poder asignado a la CC, esta se ha constituido en un cuarto poder, omnímodo, ante el cual no cabe recurso alguno. Sus decisiones han generado controversia por cuanto ha llegado incluso a legislar o a intervenir en decisiones judiciales, de modo que ha violentado el desarrollo del debido proceso. Y esta actuación la ha llevado a contravenir la independencia de poderes y a imponer, como en el juicio por genocidio, una decisión contra derecho por favorecer conveniencias políticas.
De esa manera, es comprensible que exista un interés enorme en la designación de sus integrantes, a tal grado que diversos sectores de la sociedad civil organizada se plantean la necesidad de fiscalizar los mecanismos de designación: un paso esencial y un aporte valioso para la integración de una corte que tiene en sus manos la vigilancia del respeto a la normativa constitucional.
Ya porque genuinamente interesa realizar un proceso transparente, ya por mero temor al control ciudadano, lo cierto es que tanto el Organismo Legislativo como el Judicial han planteado una designación basada en el proceso que contempla la Ley de Comisiones de Postulación para instancias del sistema de justicia. La USAC tímidamente ha convocado en forma pública a la presentación de expedientes, en tanto que entre el gremio del CANG hay discusión en torno a las candidaturas.
El Ejecutivo, dirigido por Jimmy Morales, al parecer se ha llenado de cera los oídos y no escucha el sentir social por la transparencia. De acuerdo con información disponible, Morales revisa expedientes en solitario y al parecer se inclina por designar a José Luis González Dubón como magistrado titular: un dato que, si se confirma, significaría que el Ejecutivo sigue sirviendo a los más oscuros intereses y busca blindar la impunidad con el nombramiento de uno de sus adalides.
En tal sentido, vale la pena insistir en la necesidad de que se abra la discusión del nombramiento de quienes integrarán la CC, así como de que esta discusión sea pública y de cara a la sociedad. No queremos más gobernantes que suscriban pactos de impunidad en secreto y a escondidas. Jimmy Morales debe respondernos por el nombramiento de una persona que no será su servidora, sino alguien que habrá de servir a la sociedad.
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