Con el primer mes del año comenzó el proceso para elegir fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público (MP), para el periodo 2022-2026. Así se abrió el telón a una secuencia de relevos que a lo largo de 2022 debe suscitarse en estratégicas instituciones del Estado, como la citada, la Contraloría General de Cuentas y del Procurador de los Derechos Humanos.
Para la búsqueda ha quedado instalada la Comisión de Postulación, foro originado en las reformas constitucionales aprobadas en consulta popular (1994) y el Decreto 19-2009 del Congreso de la República. El que entró en operaciones reúne a 15 delegados: 12 decanos de facultades de Derecho, uno del Tribunal de Honor, y otro de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios, y la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdés. Su misión es seleccionar a un sexteto de aspirantes de entre quienes el mandatario Alejandro Giammattei hará el nombramiento.
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Al MP compete la persecución penal y, en ese marco, dirige la investigación de los delitos de acción pública y vela por el cumplimiento de las leyes. Para dicho fin está organizado en una veintena de fiscalías que se distribuyen el entramado de circunstancias: Delitos Administrativos, Económicos, Narcoactividad, Contra el ambiente, Asuntos constitucionales, Adolescentes en conflicto con la ley penal, Contra la corrupción y Contra el crimen organizado, entre otras.
En palabras llanas, el Ministerio Público investiga y persigue delincuentes y criminales, se apoya en la Policía Nacional Civil para las capturas y presenta las evidencias en los tribunales. En ese contexto, la figura de quien encabeza la institución es clave, ya que todo el andamiaje caminará, tropezará, correrá y llegará o no a la meta, en función de quien mueva la batuta.
Obviamente, hablar de delitos y crímenes significa tocar intereses, pues los temas son diversos, las y los protagonistas tienen incidencia y, en resumidas cuentas, cada quien lleva agua a su molino. Tal situación no se limita a los casos de alto impacto. Por supuesto, para la sociedad son los más relevantes, sin embargo los pulsos también se producen en los «intrascendentes», aunque el término es relativo porque para las y los implicados puede ser lo más importante del mundo.
Hoy, la elección de fiscal general acapara los reflectores y tanto la Comisión de Postulación como las entidades de la sociedad civil, diseñan «el perfil deseado» y han otorgado valor a la experiencia profesional, al nivel de estudios, a la actitud ética y a la «proyección humana». Pero, principalmente descartan a «quien haya representado o asesorado en forma habitual a personas vinculadas con el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos financieros o contra la administración pública, adopciones irregulares, violaciones a los derechos humanos, corrupción o abuso de poder».
Sin duda, solo la práctica es criterio de verdad. Por eso, la experiencia profesional documentada es la mejor carta de recomendación, no así los estudios, que tienen peso como requisito o formalismo, mas no patentizan capacidad, máxime en estos tiempos en que las exigencias académicas han disminuido y los títulos vienen en cajas de cereales. Tampoco la «proyección humana» debe ser una referencia, dado que quienes genuinamente la profesan, la ejercen desde el anonimato.
Un dato destacado es que ni la Constitución, ni lo trazado por la Comisión de Postulación, ni lo sugerido por la sociedad civil alude a la ideología del candidato/a, por lo que es de esperar que las opciones muestren a profesionales con sólida trayectoria, comprobada honestidad y liderazgo para predicar con el ejemplo. Encontrar ese perfil, independientemente de que sea alguien de izquierda o derecha, es el reto, y para el efecto es preciso que quienes lo tengan tomen boleto de participación.
Y es que, si no se involucran cuadros íntegros, estaremos arando en el mar o tratando de hallar una aguja en un pajar, o peor, viviremos un «tanto para nada» en el cual prevalecerá que la justicia solo muerde a los descalzos.
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