El decreto No. 18-2022, Ley de protección de la vida y la familia, es sólo el último de muchos mamarrachos que ha producido la mayoría oficialista en la actual legislatura.
No hay necesidad de ser un docto del Derecho para convencerse de que lo aprobado por la alianza oficialista en el Congreso rayó en el ridículo, porque alegando respeto a convicciones de ciertas corrientes religiosas cristianas, pretende imponerlas, penalizando a las demás visiones, formas de vida y derechos. Es lo más cercano que en Guatemala hemos tenido a convertirnos en un Estado religioso fundamentalista.
Por supuesto, el asunto no es si se deba respetar o no a quienes, por convicción religiosa legítima y honesta, rechazan el aborto. Este es un debate muy complejo en todo el mundo, en el que el punto de partida debe ser reconocer que todas las posiciones en conflicto esgrimen argumentos que son atendibles. Las sociedades que han avanzado en lidiar con este problema parten, justamente, de escuchar y valorar los argumentos de todas las partes.
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Para lo que no debiese haber ya controversia es en reconocer la realidad más que evidente que existe diversidad de orientaciones sexuales, de géneros. Que no es una ideología, sino una realidad que nos debe resultar ya cotidiana. Es una realidad que en todo el mundo hay orientaciones distintas a la heterosexual y las personas que no sean, ni quieran ser heterosexuales merecen respeto pleno, y sí, a las niñas y a los niños se les debe educar a respetar a todas las personas, independientemente de su orientación sexual o género. En los debates serios sobre este tema, no es cuestión de obligar a nadie a ser o no heterosexual, pero sí de aprender a respetar a los demás. Guatemala no evolucionará en tanto no nos reeduquemos dejando atrás la homofobia, el racismo y toda forma de discriminación.
Además, en todo caso, quienes saben de derecho hacen ver que la Constitución Política de la República y la legislación ordinaria vigente ya son muy restrictivas en el caso del aborto, por lo que no hay necesidad de duplicar legislación y normativas existentes. Y es inaceptable, inconstitucional y violatorio a los derechos humanos lo que se pretendió hacer con ese adefesio legislativo, imponer penas desproporcionadas y penalizar lo que no les gusta a ciertas corrientes cristianas, que tampoco son todas.
Por eso, bien por Giammattei al pedirle al Congreso archivar lo aprobado y advertir que lo vetará si se le traslada para sanción. La reacción sorpresiva del mandatario ha generado numerosas conjeturas y teorías conspirativas, que si lo hizo porque él es homosexual o que todo fue una mascarada para distraer la atención mientras se perpetraron actos de corrupción y otras barrabasadas. Pero, valga el reconocimiento justo y objetivo a los hechos, la alianza oficialista y mayoritaria en el Congreso aprobó un decreto inconstitucional, un mamarracho y Giammattei lo ha rechazado.
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Este incidente escandaloso confirma el gravísimo deterioro en el poder Legislativo. Porque, es muy grave que hayan sido 101 diputadas y diputados de la alianza oficialista, el 63% de las curules de la actual legislatura, casi la mayoría calificada, los que hayan votado a favor de aprobar semejante mamarracho legislativo. Es decir, la mayoría de diputadas y diputados demostraron que les importa muy poco lo que diga la Constitución y menos los derechos humanos; y que actúan para satisfacer intereses, en este caso, los de un grupo de religiosos neopentecostales con chequeras gordas.
Pero, quizá lo más grave es que no nos sorprenda. Que sea algo que ya sabemos y que, de alguna manera, continuamos permitiendo. Esa es nuestra verdadera tragedia.
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