La ciudadanía guatemalteca debe ir afianzando el convencimiento de que el presupuesto público es de todas y todos, no de los gobernantes.
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República suele realizar audiencias públicas como un espacio para la participación ciudadana en la discusión del presupuesto del Estado. Su legitimidad y efectividad depende de quién presida esta comisión de trabajo, con casos exitosos como el registrado en 2016, cuando la discusión del proyecto de presupuesto para 2017 fue abierta, incluyente y participativa. Sin embargo, ese no siempre ha sido el caso. De hecho, fue casi una excepción. Como caso nefasto paradigmático se recuerda la discusión en 2008 del proyecto de presupuesto para 2009, cuando Manuel Baldizón era el diputado que presidía la CFPM.
Cuando parecía casi imposible una experiencia peor a la de 2009 con Baldizón, las CFPM de 2021 y la actual de 2022 están demostrando que sí pueden hacerlo aún peor. En el último par de semanas, la CFPM corrió audiencias públicas, en las que la prioridad fue para los funcionarios del Ejecutivo y las organizaciones que llegaron a pedir presupuesto. Cuando los asistentes dejaron claro que no llegaban a pedir dinero, sino a presentar análisis y recomendaciones técnicas, la CFPM demostró menosprecio y desinterés, además de una arrogancia e ignorancia descomunal de los aspectos técnicos de un instrumento tan complejo como el presupuesto público.
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Algunos centros de pensamiento fueron víctimas especiales de esta actitud de la CFPM actual. De manera inverosímil, concedieron solamente cinco minutos para que estos centros especializados expusieran su análisis y recomendaciones para corregir la propuesta presupuestaria para 2023. Lo más curioso, es que esta medida abusiva, sino ridícula, no estuvo motivada por sesgos ideológicos, porque se le aplicó tanto al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), un centro de pensamiento económico conservador y afín al sector privado empresarial, como al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), de pensamiento económico progresista e independiente.
Como se puede ver en los vídeos de las audiencias, el diputado presidente de la CFPM se empeña en contradecir al representante del Cien, insistiendo en que él sabe más sobre cómo funciona la Superintendencia de Administración Tributaria y que, por ello, los cálculos en el presupuesto no pueden estar equivocados. En el caso del Icefi, cuya presentación incluía 12 recomendaciones para corregir el presupuesto para 2023, al conceder solamente cinco minutos, ni siquiera un minuto por recomendación, el diputado presidente de la CFPM abusivamente interrumpió la exposición, pese a que se estaban advirtiendo errores graves en los cálculos y en las prioridades de gasto propuestas por el Ejecutivo.
De una manera tan burda y abusiva, este año la CFPM no ha dejado duda de que las audiencias públicas que corrió son una farsa, una pantomima de «transparencia» en la que no se discutió ni se analizó el presupuesto. Que no sorprenda entonces que el dictamen que emitan, seguramente favorable con algunas modificaciones, será otro de los mamarrachos legislativos a los que ya nos tiene acostumbrados esta CFPM.
El asunto es que la mediocridad, la arrogancia y el desprecio a la ciudadanía con que esta CFPM actúa no es problema solo de los diputados y del gobierno de Giammattei. Con cada mamarracho que emiten como dictamen, están comprometiendo cantidades inmensas del presupuesto público, cuya principal fuente de financiamiento son los impuestos que pagamos todas y todos.
Así que, léase bien, tener una CFPM mediocre y abusiva es más problema nuestro que de ellos, por lo que en realidad nos toca denunciarlos y protestar por ello.
El presupuesto público es nuestro, de todas y todos.
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