La ilegal propaganda del presidente

Siendo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la máxima autoridad electoral (según el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos —LEPP—, «es independiente y, de consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado»), sus normativas son de estricto cumplimiento sea quien sea el implicado.

Para la realización de esta consulta popular, el TSE emitió el acuerdo 278-2017, a través del cual se reguló la «publicidad y participación de las organizaciones políticas» estableciendo, en el segundo párrafo de su artículo 5, con la más absoluta claridad, que «queda prohibido usar recursos o bienes del Estado para divulgar información y hacer publicidad que induzca a los ciudadanos a votar en determinado sentido».

Desacatando flagrantemente tal disposición, el señor Jimmy Morales, en funciones de presidente de la república y haciendo uso de recursos públicos para su traslado y la realización de sus mítines, se dedicó a ofrecer información tendenciosa, cargada de un falso y desmesurado nacionalismo, y convocar, abiertamente y sin ambages, a votar por el sí.

En busca de recuperar un apoyo popular nunca poseído y tratando de ocupar el tiempo en lo que más le gusta y divierte (hacer chanza y burla de personas, lugares y actividades), el señor Jimmy Morales recorrió la mitad de las cabeceras departamentales realizando reuniones públicas para, insistimos, demandar a la población el voto por el sí en la consulta popular.

Demostrando de nuevo su incapacidad para hacer cumplir la ley, el TSE dejó pasar todas esas actividades silenciosamente, de modo que se convirtió en cómplice directo de tal comportamiento y dejó en evidencia que lo único que se perseguía con ese reglamento era impedir que los distintos sectores de la sociedad pudieran conocer con claridad y seriedad las absurdas razones que nos han llevado a indisponernos y enfrentarnos con nuestros vecinos beliceños. Aún el jueves 12 de abril, el folclórico y autoritario diputado Estuardo Galdámez hizo alarde de agresividad y de prepotencia al insistir en la pertenencia del territorio beliceño a Guatemala.

Belice nunca ha pertenecido a Guatemala. No hay un solo dato documental que demuestre que, en algún momento, la República de Guatemala, constituida en 1839, la República Federal de Centro América, surgida del pacto de dominación criolla que se tradujo en la independencia de 1821, o la Capitanía General del Reino de Guatemala hayan ejercido poder público en ese territorio. La escasa población de origen guatemalteco que habita Belice está compuesta de migrantes que huyeron de la miseria y de la pobreza del país y se sienten tan beliceños como Anthony González, quien se dice estadounidense y grita «¡viva México!» aunque sus padres hayan nacido en Guatemala.

Tristemente, el desfasado nacionalismo, aprendido sin fundamento histórico en la escuela, en la casa y en la calle, es exudado por la clase media, aun por la más progresista. Y el «¡Belice es nuestro!» es el grito chabacano no solo del diputado Galdámez, sino también de maestros de primaria, de científicos sociales, de empresarios y de otros sectores de la sociedad supuestamente ilustrados e informados. Es, posiblemente, el mito o la leyenda más asumida por la sociedad guatemalteca.

De ahí que resulte totalmente antidemocrático el acuerdo 278-2017 del TSE. En ningún momento se propuso, mucho menos se estimuló, que los que pudieran estar a favor del no expresaran sus razones. Una elección (como la consulta popular) solo es democrática si existen reales posibilidades de que los electores puedan conocer los pros y contras de las distintas posiciones, en este caso las ventajas y desventajas de optar por el sí o el no. Afirmar que «estructuras del narcotráfico y otros grupos delictivos están interesados en que gane el no» sin ofrecer ninguna evidencia es propaganda tendenciosa, y, de nuevo, el TSE debería haber reprendido a quien hizo tal afirmación.

La «consulta popular sobre el acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia» puede ser legal y legítima, pero no solo se realizó de manera antidemocrática, impidiendo sistemáticamente que las diferentes opciones fueran conocidas por la población en igualdad de circunstancias, sino, lo peor, la propaganda por el sí fue realizada por el presidente de la república, que, dada la regulación establecida en el acuerdo 278-2017, tipifica claramente un crimen electoral. De no denunciarlo, el TSE resultará cómplice por omisión de denuncia.