Guatemala y Belice llevan 77 años de haber profundizado una controversia que, después de respectivas consultas populares celebradas en 2018 y 2019, se encuentra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), La Haya, máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) integrado por 15 jueces, cada uno/a oriundo/a de un país.
En ese sentido, la Cancillería chapina ha destacado que desde 1946 el Congreso de la República declaró la caducidad de la Convención de Cesión Territorial suscrita el 30 de abril de 1859 entre Guatemala y Gran Bretaña, decreto sancionado por el presidente Juan José Arévalo (1945-1951), debido al incumplimiento de los compromisos contraídos por la potencia europea.
Dicha acción se sustenta en que, históricamente, Guatemala no ha desistido de la reclamación. Con ese procedimiento, el Gobierno se reservó los derechos sobre Belice, es decir, no existen límites establecidos porque nuestro país reivindica unos 11,000 kilómetros cuadrados.
Hablar del caso Belice en Guatemala, a lo largo del tiempo ha implicado desde posturas beligerantes, incluso belicistas, pasando por conformistas y hasta indiferentes. En abril de 2018, cuando se efectuó la consulta para decidir elevar o no el conflicto a la CIJ, el 26 por ciento de la población empadronada acudió a las urnas, y de esta el 95 % se decantó por el «Sí». Mientras tanto, en la realizada en Belice, en mayo de 2019, también ganó el «Sí», solo que con el 55 % de respaldo; el «No» cosechó el 45 % de un 65 % de participación.
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Más allá de las consultas y el proceso jurídico, pero siempre en el marco del diferendo, considero necesario insistir, porque lo he expresado en otros momentos, en que el mapa de Guatemala debe plasmarse completo, sin el corte que acostumbran campañas publicitarias de grupos empresariales o la «identificación nacional» que diferentes instancias muestran en su imagen. Tampoco algunas infografías periodísticas escapan del lapsus.
Y es que lo impulsado por el Parlamento a mediados del siglo pasado y refrendado por el gobierno de Arévalo, norma que nuestro mapa debe trazarse completo, insertar un punteado en el área administrada por Belice y dentro de ella asentar: «Diferendo territorial, insular y marítimo pendiente de resolver».
Ignorar lo anterior puede ser una manifestación de irresponsabilidad, desinterés, indiferencia y cualquier otra que no justifica dejar de atender un elemento reglamentario. Por eso, cuando las grandes entidades vinculadas al comercio, la industria y la banca se publicitan, es bueno que sus áreas creativas se ilustren, y por supuesto, las empresas pequeñas, también.
Vale señalar que las instituciones y dependencias públicas poco a poco se han ido alineando con la Cancillería, promotora de un mapa pleno. Lo fundamental es tener claro que los límites fronterizos no están definidos y que no se ha dictado sentencia; por ello, Guatemala no debe aparecer desmembrada.
Sin plazo para que resuelva la Corte ubicada en Países Bajos, debe subrayarse que, cumplidas las consultas, Guatemala interpuso en 2020 la demanda ante la CIJ, el año pasado Belice trasladó sus planeamientos y a estos siguió una réplica de la contraparte. De esa forma, la ruta legal está en proceso y faltan las exposiciones orales. Esto significa que hay camino por recorrer para saber cómo se zanjará la añeja discrepancia; en el ínterin, no es comprensible que a propósito o no, se borren la memoria y la realidad.
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