La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala estuvo controlada por una corrupta comisión transitoria durante 17 años. Y durante ese tiempo el Consejo Superior Universitario (CSU), y en particular los rectores, parecen haber estado muy cómodos con una AEU de fachada, domesticada y al servicio de negocios oscuros.
Pero recientemente el CSU se negó a recibir a la representación estudiantil que intenta recuperar el rol histórico de la AEU. La posible razón de esa negativa fue el tema a tratar: volver más democrática la máxima casa de estudios al permitir que profesores y alumnos voten por igual, ya que en la actualidad solo votan un poco más de la mitad de los estudiantes y de los profesores. Están excluidos casi todos los estudiantes del interior y quienes estudian en escuelas no facultativas. Y no perdamos de vista que el voto es para conformar un cuerpo electoral universitario, cuya composición genera diferentes formas de exclusión y que sirve para designar a las máximas autoridades universitarias.
En beneficio de la brevedad le diré que, al alcanzarse la autonomía de la USAC, esta solo tenía facultades y su población se concentraba en la ciudad capital. Así, el modelo de elección de autoridades tenía sentido en ese entonces, pero, conforme fueron apareciendo escuelas que no dependían de una facultad, como Psicología o Ciencia Política, sus docentes y estudiantes quedaron excluidos del voto. Lo mismo ha ocurrido con los centros universitarios, que se ubican en todos los departamentos. Solo votan los estudiantes de la Facultad de Humanidades. Los demás no existen para el proceso electoral.
Como un reflejo de la sociedad guatemalteca, la USAC arrastra un esquema de elección que reproduce vicios como las campañas anticipadas, el financiamiento de origen desconocido y un mercado de plazas y favores que llega hasta otras instituciones e instancias como las comisiones de postulación. Es decir, entre menos democrática sea la USAC, más fácil será crear mecanismos para acceder al control de las decanaturas, de la rectoría y de los aparatos administrativo, docente, de extensión y de investigación.
Asimismo, es inevitable que un proceso más incluyente altere la correlación de fuerzas que sirve para distribuir el 5 % del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Y, dicho sea de paso, intenté acceder a un estudio o artículo sobre la distribución del presupuesto de la USAC por áreas geográficas o por facultades, escuelas o centros, pero no conseguí nada más que rubros de gasto que dicen poco sobre temas sensibles como la estructura de salarios, inversión, extensión e investigación. Y sobre algunos temas sensibles como la cantidad de asesores de la rectoría, ni hablar.
El 24 de abril de 2018, la AEU promovió una acción de amparo que se suma a la promovida por el procurador de los derechos humanos Jordán Rodas, que pretende esencialmente que deje de negarse el derecho a votar de miles de estudiantes y docentes. Pero la AEU y otras fuerzas democráticas dentro de la USAC tienen la mirada puesta en la reforma universitaria y en problemas estructurales. Generar condiciones más democráticas en la elección de rector o rectora es solo un paso, pero de gran valor simbólico.
Considero que la participación equitativa de escuelas y de facultades sin excluir a ningún centro universitario es un paso ineluctable para la reforma de la USAC. Espero que las acciones interpuestas prosperen. Paralelamente, los y las sancarlistas debemos exigir otras formas democráticas indispensables como la vigilancia de los presupuestos y la transparencia en los procesos para acceder a posiciones de poder. Sin embargo, el tiempo se agota para la próxima elección de rector o rectora, que comienza el 2 de mayo.
Finalmente, debo agradecer a Amparo Gómez Grijalva, colaboradora de la AEU, que, como estudiante joven originaria del Quiché, me permitió acercarme un poco a este proceso complejo para la recuperación de la USAC. Su claridad en las ideas, en los problemas y en los retos futuros me permite pensar en una generación con los pies en la tierra, que tiene expectativas democráticas que van más allá del mero ejercicio del sufragio.
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