El obstáculo más alto que enfrentará el ganador de la contienda, a partir del 21 de agosto, es que se estrellará con un presupuesto amarrado por el actual Ministerio de Finanzas Públicas y por la clase política. El anteproyecto se presenta al Congreso el 1 de septiembre y será harto difícil incluir muchas de las ilusiones en las primeras de cambio de los famosos cien días que se ofrecen. Una primera medida atinada debiera ser la reducción de sueldos y prebendas en el alto funcionariado, en las altas magistraturas, en las poltronas de múltiples agencias públicas y en la Presidencia y Vicepresidencia –tales montos no corresponden a un país con alta desigualdad–, y de paso se debe presionar a los alcaldes y sus concejos municipales a imitar esa acción.
Ambos partidos vienen divulgando el plan de cuatro años y la lógica apunta a que la gente espera que todas esas ilusiones, principios y promesas se concreticen en resultados que mejoren la calidad de vida. Léase, la ampliación ofrecida por ambos de la matrícula escolar, la universalización de la salud, la mayor cobertura en previsión del adulto mayor, y por supuesto la infraestructura para el crecimiento económico, con vivienda digna, red vial en buen estado, puertos y aeropuertos
Miremos tan sólo unos ejemplos de lo ofrecido:
En una entrevista concedida a José Orozco de La Hora (3 de mayo 2023), Torres insiste en el Programa mi Familia Progresa y en las Transferencias Monetarias Condicionadas. Estas últimas consistirán en la entrega de 700 quetzales mensuales a 2 millones de familias (así lo dijo). Ello significaría 1,400 millones de quetzales al mes. Es decir 16,800 millones de quetzales al año y 67,200 millones de quetzales en los 4 años de su período. Y añade que el programa debe durar desde que el niño nazca hasta que cumpla los 18 años de edad. Parecieran ser cifras inalcanzables.
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Vale indicar que, según el último Censo de población y habitación, el país cuenta con cerca de 3 millones de hogares, lo que quiere decir que la cobertura anunciada sería al 67 por ciento de hogares guatemaltecos. ¿Es posible financiar semejante magnitud de gasto, tan sólo en una de tantas prioridades del país? Torres añade un complemento con becas a la universidad y más cobertura. Y finalmente menciona un complejo programa de crédito «a la palabra», es decir, rápido y fiduciario para emprendimiento.
Además, promete que el 14 a las 14:00 están preparados para reabrir los programas sociales: la bolsa solidaria, indica, llegará a más de 1 millón de familias. Ello entra en contradicción con un análisis efectuado en fecha reciente por el programa radial Con Criterio, en donde este escribiente tuvo la oportunidad de externar algunos puntos de vista vertidos por Ramón Fión, encargado de la presupuestación del plan UNE, quien rectificó varias veces y recalcó que la Bolsa Solidaria llegaría a 250,000 familias. Esto último significaría una erogación de 4,000 millones de quetzales en el período.
Semilla promete para educación la construcción de 8 institutos regionales de excelencia en departamentos en donde uno no tiene claro el por qué de su selección. El plan no menciona de forma clara la territorialización y sus prioridades. En salud se menciona un tránsito hacia su universalización, pero la misma no se conecta de forma clara con el otro pilar de la seguridad social, lo que es indispensable viendo las experiencias en latitudes exitosas. Importante lo que se menciona de la reestructura urgente de UNAERC (Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico). Sobre esto último hay mucho qué hablar, principalmente por la irrupción de la nueva pandemia centroamericana: la Enfermedad renal crónica no tradicional.
En protección social Semilla menciona la confección y pronta ejecución del Registro Único de Beneficiarios a ser impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social. Resulta ser un compromiso complejo y delicado que llevará un buen tiempo para concretarlo porque se requiere del impulso del Sistema Estadístico Nacional muy diferente al actual, alicaído y falto de meritocracia. Se resalta también el programa de Transferencias Monetarias Condicionadas en efectivo para 500,000 hogares beneficiarios, que demanda de una ampliación presupuestaria significativa para el Ministerio de Desarrollo Social.
Al igual que en el programa de UNE se habla de ampliar la cobertura del Programa del Adulto Mayor y se garantiza un aporte anual de 3,200 millones de quetzales como cuota anual del Estado como patrono y Estado como tal al IGSS. Vale indicar que los requerimientos del IGSS a este respecto son mayores a 6,000 millones de quetzales anuales.
Finalmente, en infraestructura se menciona una cuantiosa asignación de 27,100 millones de quetzales para puertos, aeropuertos y mantenimiento de la red vial. Tendríamos que ver, si ganan, la profunda reestructuración que hay que hacer en las unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que hoy son un nido de corrupción y de pseudoingenieros y bachilleres.
Vale indicar que a lo largo de esta corta historia democrática los planes de gobierno han sido pura poesía pública. Incluso en sus memorias Álvaro Arzú menciona que el mamotreto de su Plan de Gobierno lo tiró al bote de basura en su primer día en el guacamolón, «y se puso a gobernar». De seguro Arzú es un epítome del dirigente guatemalteco. El político, el empresario y muchos dirigentes de las ONG y cooperativas son anárquicos por naturaleza, prepotentes, sabelotodos y reacios a entender la relación entre planificar y concretizar en financiamiento ordenado, bajo el hilo conductor de planes operativos y presupuestos.
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