A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, aún somos el país de la región centroamericana con la tasa de escolaridad más baja. El guatemalteco promedio únicamente tiene alrededor de cinco años de estudio (ni siquiera primaria completa), mientras que en Honduras y Nicaragua el promedio es cerca de seis años de estudio, en El Salvador es de siete y en Costa Rica de ocho. Respecto de algunos países de Asia, que hace 50 años tenían un nivel similar de pobreza y de escolaridad que Guatemala, hoy están más adelantados; China con ocho años de escolaridad, Corea del Sur con 12 años y Singapur con 15 años —el triple que Guatemala—.
El sistema educativo guatemalteco requiere cuatro grandes acciones para obtener mejores resultados: 1) lograr un marco legal actualizado, 2) ampliar la cobertura de preprimaria y de secundaria, 3) mejorar el sistema de enseñanza y/o aprendizaje y 4) crear una gestión de los recursos eficiente y eficaz.
Al referirse al marco legal, la Ley de Educación Nacional, creada en 1991, no responde a la época actual y además no tiene reglamento. El sistema se rige por el reglamento vigente del año 1977 (más de 30 años). La ley no incluye los acuerdos de paz, no establece el involucramiento de la comunidad ni la participación de los padres de familia y tampoco toma en cuenta la educación bilingüe intercultural. A su vez, la normativa que regula el desempeño docente, el Decreto 1485, data de 1961 y no genera incentivos para el buen desempeño del maestro en el aula.
El segundo desafío tiene relación con la cobertura. Apenas la mitad de los niños y niñas asiste a la preprimaria. Y aunque se han hecho esfuerzos para lograr que casi todos ingresen a primer grado, aún no se consigue que los alumnos lleguen al menos a terminar la primaria completa. Únicamente 4 de 10 jóvenes ingresan al nivel básico y tan solo la mitad de ellos termina el nivel diversificado.
Respecto de reformar el sistema de enseñanza y/o aprendizaje, la formación que reciben los estudiantes en las aulas no cumple con los estándares de una educación de calidad que los prepare para la vida y les proporcione oportunidades de empleo. Los niños, niñas y jóvenes no ganan las pruebas de matemática ni de lectura. El sistema deja fuera a muchos, lo que provoca que estos corran el riesgo de caer en la delincuencia y violencia.
El maestro es un elemento clave para la calidad educativa. A pesar de que han existido algunas reformas, la formación inicial de los docentes es deficiente. Los futuros docentes estudian en su mayoría tres años en las escuelas normales del nivel diversificado, lo cual no es suficiente para dominar los conocimientos ni habilidades necesarios. Esto se ve reflejado en los resultados de las evaluaciones a maestros aspirantes a una plaza, que indican que solo un tercio de ellos logra el estándar de la prueba de matemática y la mitad la de lenguaje. Países que han mjorado su educación forman a sus docentes a nivel universitario.
El modelo de gestión del Ministerio de Educación sigue siendo centralizado. La provisión de textos, materiales educativos y los servicios de apoyo se retrasan o están ausentes. Es importante que las transferencias condicionadas generen más capacidades y competencias en la población. Es recomendable evaluar “si solo se está dando el pescado, sin enseñar a pescar”.
Ante la situación, ¿cuáles son los siguientes pasos? Lo primero es proponer y aprobar un nuevo marco legal que tome en cuenta las necesidades y desafíos de este siglo. En este sentido es urgente que el Congreso de la República tome responsabilidad en lograr una renovación de la ley, ampliamente discutida, a favor del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Es prioritario actualizar la formación inicial del profesor y crear la carrera docente. Varios de los maestros tienen una plaza en el sector público, obtenida no por mérito, sino porque algún funcionario de alto nivel lo refirió o recomendó. Evaluar el desempeño de los docentes y mantenerlos actualizados y motivados logrará mejores resultados en el aula.
El tercer tema está relacionado con la ampliación de la cobertura de educación inicial y preprimaria, así como extender las opciones de la secundaria. Para ello, es inaplazable diseñar un plan a 10 años plazo, con metas específicas de cobertura y calidad que contemple los recursos necesarios para alcanzarlas. Este debe ser asumido por los distintos partidos políticos para su ejecución a lo largo del tiempo. Contemplar programas extraescolares que permitan a los jóvenes reingresar al sistema educativo u obtener formación para el trabajo contribuiría a reducir la delincuencia y mejorar los ingresos de los jóvenes en el futuro.
Por último: es indispensable mejorar la gestión del Ministerio de Educación, evaluar los sistemas de transferencias condicionadas, descentralizar el sistema y lograr que este ministerio sea el ente rector de la política educativa, coordinando, los recursos humanos, la infraestructura física y los servicios de apoyo. Los guatemaltecos necesitamos mejor y más educación para afrontar con coraje los desafíos de este siglo.
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