Uno pensaría que considerar a esas niñas como víctimas es una cuestión elemental de sensibilidad humana. Sin embargo, el informe Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un camino a la dignidad, recientemente publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala, detalla una realidad muy distinta, que evidencia la crueldad con que la sociedad guatemalteca puede actuar cuando se trata de discriminar y su incapacidad para entender que esas niñas son víctimas, no delincuentes.
El informe de la Oacnudh correctamente señala que el Estado es el principal responsable de la atención a los niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad que hacen imposible la vida de ellos con sus familias. Sin embargo, durante años el Gobierno incumplió esta responsabilidad. Pero lo peor es que el informe de la Oacnudh indica que «las autoridades estatales no dieron respuestas adecuadas a las denuncias oficiales por negligencia, violaciones de derechos humanos (incluyendo violencia psicológica, física y sexual y trata), malas condiciones de vida y deficiente monitoreo y supervisión en el hogar, presentadas no solo por instituciones internacionales y nacionales, sino también por niñas y niños que vivían en el HSVA. Varias de estas denuncias habían sido presentadas por niñas que murieron en el incendio varios meses antes de su muerte».
El informe muestra que el gobierno del presidente Jimmy Morales ha sido negligente e incapaz de atender a las 15 niñas sobrevivientes, así como a las familias de las 41 niñas que murieron quemadas vivas, y de lograr condiciones que prevengan que la tragedia se repita. De hecho, eventos peligrosamente similares a la tragedia del 8 de marzo de 2017 se producen de manera recurrente en otros centros en los que niñas, niños y adolescentes están institucionalizados.
Pero la crueldad, la necedad y la negligencia no son solo del Gobierno. El informe de la Oacnudh también da cuenta de la estigmatización cruel de la que son objeto esas niñas, especialmente en redes sociales, en las que muchas personas las menosprecian calificándolas de diferentes mareras. Y, por desgracia, no ha faltado algún criminal, genocida en potencia, que a lo Jabes Meda exprese satisfacción o alivio por que «hay 41 mareras menos».
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La Oacnudh relata que, en una reunión entre las niñas sobrevivientes y el Ministerio Público, ellas manifestaron su petición principal: que se borren de las redes sociales todos los insultos y comentarios crueles y groseros, así como los videos en los que se muestran los cadáveres de sus compañeras y amigas quemadas. Siento una vergüenza profunda al pensar cómo es esto posible, cuán grande es el trauma y daño que estas niñas han sufrido para que en sus mentes y corazones su principal petición sea esta. ¿Qué clase de locura bestial es la que tiene enferma a nuestra sociedad al punto de disfrutar con morbo o alivio al ver las imágenes del cuerpo deformado de una niña que murió quemada viva?
Sin duda, debemos seguir exigiéndole al Gobierno que asuma su responsabilidad en atender adecuadamente a las niñas, a los niños y a los adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, así como en prevenir que la tragedia del 8 de marzo se repita. Pero también, por favor, todas y todos debemos entender (y, si es necesario, aprender) que estas niñas son víctimas, por lo que no debemos estigmatizarlas como mareras o delincuentes.
Por favor, ellas mismas nos lo están pidiendo. Por lo menos eso concedámosles: un trato digno muy a pesar de lo muchísimo que ya han sufrido.
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