Podríamos abrir un debate político y argumentar durante muchas horas por qué sí o por qué no. Sin duda alguna, habría razonamientos válidos en ambas posturas si adoptásemos una postura meramente legalista (o leguleya). Mi propósito entonces es poner sobre la mesa tres razones apegadas a la lógica más que a lo legal en materia electoral.
La primera es económica. En el remoto caso, muy remoto por cierto, que el voto nulo lograra la mitad más uno de los votos válidos en las próximas elecciones, repetirlas implicaría un gasto millonario para el Estado de Guatemala. Dinero que urge en los hospitales, en los centros de salud, en las escuelas sin pupitres y en la reactivación económica que el país necesita en este lapso de postpandemia. Y en la siguiente razón arguyo del porqué sería la misma mica con diferente montera.
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La segunda está relacionada con la perversidad. El voto nulo con validez jurídica deviene de una ley maliciosamente redactada. De tal manera, los partidos políticos tradicionales podrían volver a postular a los mismos candidatos sin que exista una norma que lo impida. Se trata de la supeditación de un Estado débil a una élite conservadora que ahora está asociada a hordas vulgares y agresivas.
La tercera está sustentada en la casi imposibilidad de que el voto nulo con validez jurídica logre la mitad más uno de los votos. Por lo tanto, esa cauda favorecería a los partidos políticos tradicionales que tienen capacidad de comprar y acarrear votantes.
Dese cuenta estimado lector que hay un concepto poco conocido por nosotros: el de voto nulo con validez jurídica. Ahora le explico de qué se trata mediante la ejemplificación de sus efectos. Vamos a ello en el siguiente párrafo.
Los efectos de la mayoría absoluta de los votos nulos (la mitad más uno de los votos válidamente emitidos según la Ley Electoral y de Partidos Políticos) consiste en que se declarará en única instancia la nulidad de las elecciones en la categoría que corresponda y se repetirá en una sola ocasión el proceso debiendo los partidos políticos postular candidatos a los cargos públicos que corresponda. Pero insisto, nada hay que impida la postulación de las mismas personas.
En el entretanto nosotros, el pueblo-pueblo, cada día tenemos menos conciencia de que el sufragio tiene un componente que sobrepasa el contexto de la influencia propagandística tradicional. Hemos olvidado que se trata de la apropiación de la responsabilidad ciudadana a la que tenemos derecho. Y por esos olvidos y sus nefastas consecuencias, día a día, la población sufre cada vez más. No debemos olvidar que un pueblo donde el valor de la canasta básica está por encima del ingreso para el sustento, es un pueblo de esclavos dispuestos a decir amén a todo aquello que se le imponga.
Las tres razones anteriores y el hecho de que hayamos tocado fondo llegando al extremo de tener que elegir entre lo que cada guatemalteco considera lo menos peor, debe llevarnos a la concientización de que es urgente reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los candidatos que han ganado en las tres últimas elecciones han llegado al poder más endeudados que la propia palabra y todos sus ofrecimientos clientelares acabaron en el cesto de la basura para dar paso a la felonía que caracteriza a la recuperación de fondos.
Demás está decir entonces que el voto nulo seguiría con la repetición iterativa del mal personificado en los candidatos endeudados.
Pregunto: ¿Es ese el tipo de gobierno que queremos? Mi respuesta es un rotundo no.
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