Al realizar un primer análisis de las prioridades del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, salta a la vista de una manera ofensiva el menosprecio de la salud pública. Comparado con el presupuesto vigente de 2019, el proyecto de presupuesto para 2020 propone reducir la asignación al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en casi 80 millones de quetzales. Si se hace un examen más minucioso, resulta que además se propone recortar en casi 16 millones los programas de vacunación, pero aumentar en más de 90 millones un rubro opaco denominado «servicios de apoyo», una suerte de bolsón de corrupción idóneo para contratar plazas fantasmas y otra anomalías.
Una irresponsabilidad descomunal toda vez que pareciera que en Guatemala poco a poco va surgiendo un gran consenso nacional en cuanto a que la desnutrición crónica infantil es la gran vergüenza nacional, expresión viva de la desigualdad y del racismo. Además, menosprecia las enormes carencias en términos de cobertura institucional de los servicios de salud, ya que los puestos de salud existentes atienden a una población como la que Guatemala tenía en 1950, mientras que, si a los puestos de salud se suman los centros de salud A y B, la población atendida equivale a la que Guatemala tenía en 1955.
[frasepzp1]
Pero la cosa raya en lo criminal si, por ejemplo, se compara la prioridad presupuestaria del Ministerio de Salud con la del Ministerio de la Defensa Nacional. El Ejército está recibiendo todo el apoyo para comprar armas: ya a Colombia se le ha comprado un buque militar y, según se supo la semana pasada, Guatemala también le compró a ese país 8,000 fusiles de asalto tipo Galil por más de 10 millones de dólares estadounidenses. En el proyecto de presupuesto para 2020, el gobierno de Jimmy Morales propone un aumento de 200 millones de quetzales en el cual destaca el rubro «defensa del espacio aéreo», eufemismo que seguramente significa insistir en la necedad de comprarle a Argentina dos aviones militares. Y es que, dicho sea de paso, según la legislación vigente y las reglas internacionales que Guatemala ha aceptado, esos aviones argentinos no podrían disparar ni derribar las famosas narcoavionetas, lo que los convierte en una compra inútil e innecesaria y reafirma la sospecha de una operación más de corrupción y saqueo de fondos públicos.
No se me ocurren otras palabras que estupidez criminal para calificar a un gobierno que, en vez de invertir en salud para salvar vidas, despilfarra el dinero que no tiene en armas para matar. El caso de la misma Colombia, hoy la principal proveedora de armas del Ejército de Guatemala, ha demostrado, a fuerza de décadas de inefectividad y de muerte, que la violencia y la guerra son la peor forma de enfrentar el poder del narcotráfico. ¿Cómo es posible que una sociedad avance en reconocer la importancia prioritaria de lograr unificar esfuerzos para erradicar la vergonzosa desnutrición infantil mientras el Gobierno compra armas para un Ejército plagado de corruptos y operadores a sueldo del narcotráfico?
El nuevo gobierno debe corregir este sinsentido criminal, ya que, como lo están demostrando muchos sectores, erradicar la desnutrición infantil y avanzar en la recuperación del sistema de salud no es cuestión ideológica de izquierda o de derecha. Pero, sobre todo, el Congreso de la República debe corregir el proyecto de presupuesto para 2020 de modo que se antepongan la salud y la vida a las armas y la muerte. Tiene el poder y el mandato constitucional para hacerlo, y la ciudadanía debe exigirlo.
Más de este autor