Vale indicar que no se trata tan sólo de sueldos. El Presidente y Vicepresidente cuentan con todo un aparato pretoriano de seguridad, con meseros y cocineros personales, con vivienda de propiedad estatal si lo desean, y no digamos transporte, comida y varios choferes a su disposición y para la familia. Todo esto ya raya en el absurdo teniendo en cuenta la carga de trabajo de un mandatario de una república de tan sólo 108,000 kilómetros cuadrados y de menos de 20 millones de habitantes, comparado con México o los Estados Unidos de América.
En un año, el presidente Giammattei tiene ingresos similares a los de Kamala Harris, Vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Ello resulta paradójico si comparamos también el costo de vida entre Guatemala y el imperio del Norte. El fisco guatemalteco debe erogar la cantidad de 1.7 millones de quetzales tan sólo por ese concepto. Y que conste que no se quedan atrás diversos funcionarios públicos.
El ministro de Finanzas Públicas, por ejemplo, acude a sesiones de diferentes entidades descentralizadas y al redondear su sueldo los ingresos anuales percibidos rondan por 1.4 millones de quetzales, mientras que el actual Presidente y Gerente del IGSS se llevan a su billetera similares cantidades.
Es tal la fragmentación y proliferación de autonomías en el sector público guatemalteco que lo primero que hacen los funcionarios es recetarse los emolumentos y salir de premuras económicas mientras estén en el cargo, aún a costa de su inexperiencia o torpezas para desarrollarlo, acudiendo así a una autoridad mal encaminada gracias a las vaguedades constitucionales y regulatorias al respecto. Es simplemente el egoísmo personal y el derecho de su nariz.
Como no existe la recomendada organización jerárquica en estos ambientes, ni tampoco la mínima moral en cuanto al uso de los recursos públicos esa avaricia se desparrama hacia las magistraturas y el ambiente edilicio existiendo tal incentivo para abundantes alcaldes que hasta hace unos años eran choferes o guardaespaldas.
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El alcalde Quiñónez de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, fue multado hace un tiempo por la Contraloría General de Cuentas por aumentarse 26,000 quetzales mensuales en dizque gastos de representación. El problema es que el Concejo Municipal consintió tal medida para aumentarse también dádivas e ingresos diversos con lo que se perjudica la deliberación en el mismo, comprando así voluntades de la débil oposición de CREO y del propio Movimiento Semilla que, no olvidemos, tiene actualmente representatividad en tal Concejo Municipal.
En el caso del actual Concejo Municipal de la ciudad los protagonistas principales, como lo son Víctor Martínez y Alejandra Galio, también participan con dietas en otras empresas municipales, y como si ello fuera poco, Martínez actualmente también figura en una de las sillas representativas del Organismo Ejecutivo en el Crédito Hipotecario Nacional. La voracidad entonces es rapaz.
Desde los tiempos de la Roma Imperial se viene sistematizando por los grandes tratadistas de la Administración Pública la necesidad de mantener una estructura bien jerarquizada y ordenada al interior de lo que se denominó por el Derecho Romano la Res pública. La misma se refiere a una cosa que no es privada (Res privata) y que persigue la consecución de la ciudadanía y el bienestar colectivo.
Es por ello que, de acuerdo a los grandes tratadistas de la Administración Pública, uno de los roles centrales del administrador público y por consiguiente del servicio público, debe ser el de un canal para la transmisión del bienestar común de todos los y las ciudadanas.
Los ordenamientos del servicio civil bien persiguen como uno de sus objetivos centrales proveer los lineamientos y las regulaciones centrales para el reclutamiento, selección y retribución del alto y bajo funcionariado. Si el futuro presidente Bernardo Arévalo se decreta una rebaja importante en sus sueldo, dietas y prebendas ello le transmitirá una goma moral de altos vuelos a todo el alto funcionariado de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo, por supuesto, a las abundantes entidades descentralizadas y organismos como los registros de la propiedad, del catastro, el mercantil y otros que desde tiempos inmemoriales funcionan con ingresos privativos y prebendas abusivas.
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