Tanto autoritarismo para hacer el ridículo

Quieren verlos postrados de rodillas, desnudos públicamente, como hicieron sus antecesores con el expresidente Jacobo Árbenz. Quieren, de ser posible, lincharlos en plaza pública, colmarlos de sus apestosos y nauseabundos escupitajos, haciendo fila para azotarlos y así disfrutar verlos verter hasta la última gota de sangre.

Junto con sus jefes y financistas, que no aceptan haber sido descubiertos financiando ilegalmente la campaña de Jimmy Morales y haciendo negocios ilícitos con la flor y nata de la corrupción nacional, incrustada por ellos mismos en los altos puestos de la administración pública, quieren regresarnos al pasado, cuando los recursos públicos, pagados por todos según sus capacidades, eran malversados en su particular beneficio.

Vociferantes impetuosos del llamado libre mercado, se oponen a cualquier control de monopolios y se hacen trampa entre ellos para ver quién paga menos impuestos, hace obras inservibles o se apropia de cargos en la función pública para enriquecer a amigos y parientes.

Pero resulta que, cirqueros de cuarta categoría, de aquellos que ni siquiera tienen capacidad para armar una carpa decente, su venganza se ha convertido en un ridículo desfile de incongruencias e irresponsabilidades.

Manipulando el sufrimiento de familiares de reclusos, han querido hacernos creer que el suicidio de uno de ellos es absoluta responsabilidad del comisionado Velázquez y de sus colaboradores. Lamentablemente, el representante de la USAC ante la Junta Directiva del IGSS actuó con irresponsabilidad en la aprobación de contratos anómalos. Según su familia, sin recursos para pagar un bufete caro, «se sentía abandonado cuando otros tenían abogados de grandes firmas». Pero resulta que ni estos, que han derramado parte de lo adquirido ilícitamente en abogados mañosos, expertos en el litigio malicioso, han logrado desvanecer las acusaciones a pesar de sus intentos de impedir por todos los medios llegar a juicio.

La situación triste y dramática del medico y cirujano Oliva no es para nada responsabilidad de la Cicig. Lo es, a lo sumo, del juez que no le concedió medida sustitutiva. Es también responsabilidad de las autoridades de la USAC, que no le brindaron el apoyo legal y psicológico necesario a pesar de ser su representante en ese organismo. Fue la institución que lo nombró representante la que lo abandonó. Fue el sistema penitenciario el que no vigiló la situación del reo, de manera que con su situación personal se evidencia lo que a diario y en masa viven los ciudadanos comunes que, tirados a su suerte, se pudren en las atestadas cárceles del país.

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La lentitud del proceso no fue culpa de la Cicig ni mucho menos. El acusado tenía todas las condiciones de optar por un procedimiento abreviado, pues a todas luces sí estampó su firma en la autorización de esos contratos, pero no se benefició personalmente de los fondos malversados. En consecuencia, los verdaderos culpables de su tragedia fueron los abogados de esas grandes firmas, pues con su litigio malicioso hicieron que todo el proceso se detuviera innecesariamente.

Evidentemente, la familia del médico y cirujano no está buscando quién se las debe, sino quién se las paga, por lo que sirve de apoyo propagandístico a los que quieren vivir cometiendo ilícitos y mantener su impunidad. El exdecano no fue lo suficientemente responsable en su función como miembro de la Junta Directiva del IGSS, como lo es toda la estructura de poder de la USAC, que, alucinada con los cargos y los puestos que les producen pingües beneficios, muchos de ellos ilegales, han dejado de asumir con responsabilidad, honestidad y probidad las representaciones en la infinidad de organismos donde irresponsablemente tienen representantes.

La familia del doctor Oliva no debe permitir que su dolor y su pena sean utilizados por los testaferros de la corrupción. Debe orientar sus críticas y exigir deducción de responsabilidades donde efectivamente corresponde: claramente, las autoridades universitarias, que no supervisan, que mucho menos apoyan la labor de sus representantes y que, cometido un error, dejan a estos en el total y absoluto abandono, y los abogados de los grandes firmas, que maliciosamente han detenido este y todos los juicios para seguir enriqueciéndose con los recursos mal habidos de sus defendidos, de quienes evidentemente resultan cómplices.

Pero, sobre todo, los directamente responsables de la tragedia son los distintos directores del sistema penitenciario, que en ningún momento brindaron un efectivo apoyo psicológico al detenido.

Las clases medias tienen en este caso una evidente muestra de que la reforma profunda del sistema penitenciario es urgente, pues, si bien más del 90 % de los privados de libertad pertenecen a los estratos más pobres del país, en cualquier momento, por un error involuntario, pueden llegar a vivir situaciones similares a las del exdecano Oliva. Impedir el litigio malicioso es otra cara del problema, y en eso también tienen mucho que hacer esos líderes de las clases medias que, obnubilados por el dinero fácil y la cháchara pseudonacionalista de los publicistas del pacto de corruptos, se han alineado en su apoyo.

Quede para otra ocasión comentar la insólita y ridícula queja del jovencito provocador y violento que en una chamusca recibió una cachetada que, por la corpulencia de su contrincante, se convirtió en fractura.