Por comodidad, se utiliza la palabra tierra para englobar también el resto de los recursos naturales, como agua y bosques. La tenencia de tierra es el conjunto de normas que la sociedad establece para regular la manera en que las personas pueden obtener legalmente la propiedad de la tierra, además de su uso, responsabilidades y limitaciones. De acá surgen dichos como «primero en registro, primero en derecho».
Es así como en la historia de Guatemala encontramos diferentes regulaciones. Hubo un tiempo en que la propiedad de la tierra era certificada por una cédula real, por medio de la cual el rey de España —o su representante— reconocía al propietario. Posteriormente se fueron estableciendo procesos jurídicos que permitieron certificar la tenencia de tierra por derecho, así como a las personas que realizaban el proceso de solicitud. Hoy en día también se llevan a cabo minuciosos peritajes (antropológicos y geográficos). Luego de la investigación y la publicación del resultado en el diario oficial, si no existen reclamos de otros involucrados, se le extiende un título supletorio al poseedor de la tierra.
En los años 60 del siglo XX, mi papá compró un terreno otorgado a los dueños en título supletorio. Unos años después, la Municipalidad de Salamá reclamó que este era de ejido municipal. Mi papá, para evitar los infinitos enredos legales que traería una disputa, decidió que salía mejor volver a comprarlo. Un tiempo después, la Municipalidad de Purulhá lo reclamó también como suyo y hubo que pagarlo de nuevo. En la década de los 90, el terreno fue invadido por un grupo de personas que aseguraban que el terreno era una finca nacional. Es por esto que mis hermanos y yo hemos intentado entender todos los aprietos legales que implica la tenencia de tierra en Guatemala y hemos aprendido grandes lecciones que pongo a su consideración.
Debemos entender que los instrumentos de medición utilizados antiguamente carecían de la exactitud y de los avances tecnológicos con que hoy contamos y que los límites de la propiedad que se registraban eran establecidos por mojones vivos o naturales, como árboles, ríos o incluso piedras gigantescas. Todo esto sumado da como resultado desde planos que se sobreponen hasta registros por más tierras que las existentes. Por si fuera poco, para ninguno es secreta la forma en que funciona la legitimidad de la inscripción de la tenencia de la tierra en el país de la eterna primavera. Sabemos bien que las instituciones estatales han sido corrompidas perennemente por personas o entidades inescrupulosas que compran favores a funcionarios. Obviamente, esto pone en clara desventaja a las personas con menos capacidad económica.
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En nuestro país, las comunidades indígenas están desplegadas por toda el área rural, cabalmente allá donde hay abundancia de recursos naturales y debilidad del sistema, que es incapaz de cubrir (algunas veces creo que a propósito) las necesidades de justicia, empleo, salud y educación de la población. No es difícil imaginar cómo esta serie de circunstancias los deja desabrigados, desamparados y despojados de sus derechos legítimos ancestrales por desconocimiento de la ley, por falta de acceso a ella o por falta de recursos económicos para gratificación de funcionarios.
Existen asentamientos establecidos que las municipalidades reconocen como comunidades en el tema de la organización (por ejemplo, reconocen al Cocode), mas se les niega el registro legal de la tierra. En los últimos años, las organizaciones campesinas que pelean su derecho legal a tenencia de tierra han logrado la restitución legal de tierras ancestrales de grandes proporciones que han estado en apropiación y tenencia ilegal de algunos pocos terratenientes. En los últimos años han logrado recuperar legalmente, por dictamen de la Corte de Constitucionalidad, más de dos mil caballerías de terreno que han podido demostrar que les pertenece.
Comprendí entonces cuán conveniente es para algunos sectores la criminalización de líderes campesinos. Solo durante la pandemia hemos sabido de cuatro líderes comunitarios heridos de bala, de un desaparecido y de comunidades desalojadas en actos ilegales que se amparan en el cierre institucional y que incluyen violaciones sexuales y casas quemadas.
Sabiendo esto, los conflictos de tierra tienen una perspectiva diferente.
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