Cuando están por apagarse las escasas luces que aún alumbran en este gobierno, las del despojo y del desastre que se han hecho en el Estado y el servicio público, en un acto más de envidia y rabia que de responsabilidad institucional, el ministro Élder Suchité, sin más méritos para el puesto que ser parte del grupo depredador del erario público conducido por Jimmy Morales, ha destituido a la directora del Archivo General de Centroamérica (AGCA).
Es difícil creer que, cuando ya no tienen más que hacer frente al aparato de gobierno porque la puerta de salida está más que próxima, se separe del cargo a profesionales que, como es el caso de la licenciada Ericastilla, durante años han demostrado la más estricta y clara responsabilidad y eficiencia profesional y técnica. Dirigir el AGCA es una tarea tanto ardua como titánica. Con más que escasos recursos, es indispensable conservar, organizar, clasificar y poner al servicio de la población toda la documentación histórica del país y de la región. Allí se conservan los más preciados documentos de nuestro pasado, muchos de ellos clasificados y sistematizados inicialmente por don José Joaquín Pardo. Pero hay mucho más que eso, pues allí están los protocolos de los abogados, registros de municipalidades y documentos de gobierno y del Congreso que no están en los archivos específicos más modernos de esas dependencias.
Con cascaritas de huevo la licenciada Ericastilla logró, en sus años de jefatura, no solo hacer del AGCA un espacio agradable y eficiente, sino obtener, por ejemplo, la digitalización de las fichas de la colección Pardo, lo que no habría sido posible sin el apoyo de la universidad y del Gobierno de Chiapas.
Ericastilla no llegó por contactos o recomendaciones al puesto. Lo ganó en concurso de selección luego de laborar durante años en distintos niveles del AGCA, lo que le permitió conocer esa entidad desde sus más íntimas precariedades y, a partir de ello, encontrar soluciones adecuadas a los problemas. Lo que era un botadero de papeles ella lo convirtió en uno de los más prestigiados archivos de la región.
Fue por ese empeño en el rescate de la historia que, luego del descubrimiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), ella le dio a su director todo el apoyo necesario para hacer de ese otro amontonado de papeles un invaluable centro de documentación para el conocimiento de nuestra historia reciente.
Se la destituye, pues, no por ineficaz o ineficiente, sino por todo lo contrario. Haber hecho del AHPN un centro de referencia para la búsqueda de información sobre el accionar de las fuerzas represivas del Estado es su mayor y más grande pecado, acto que, siendo ya reconocido internacionalmente, será la referencia histórica que hará de su nombre uno de los más importantes en la conservación de la historia del país. Si a la licenciada Ericastilla le reconoceremos por décadas sus aportes, al futuro exministro Suchité apenas se le recordará, precisamente, por haber desatado la persecución más deshonesta contra una de las más eficientes funcionarias públicas.
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Se la acusa de haber concedido los documentos del AHPN a entes internacionales, afirmación que resulta falsa, pues lo que se hizo fue permitir que, a través de los servidores de la Universidad de Austin, Texas, fuera posible hacer búsquedas, desde cualquier parte del mundo, de las fichas ya digitalizadas, que permanecen física y electrónicamente en la sede del AHPN. Resulta evidente que lo que preocupa a los cómplices y secuaces de los perpetradores de crímenes contra la humanidad, el caso del señor Suchité, es que los ciudadanos tengamos acceso a la información que, siendo estatal, es también pública, como lo son todas las informaciones que se han clasificado y organizado en el AGCA. No hay ninguna diferencia entre las distintas colecciones que allí se guardan con la que el rescate del basurero de la Policía Nacional permitió organizar y sistematizar. Así como desde cualquier parte del mundo es posible tener acceso al fichero Pardo, desde el pequeño servidor del AGCA también se pueden consultar las fichas del AHPN, en este caso desde la Universidad de Austin, Texas. Se la acusa también de haber gestionado recursos en agencias de cooperación internacional, fondos que siempre fueron administrados desde las mismas agencias o el PNUD. Ninguno de esos actos constituye falta administrativa. Por el contrario, son actos que muestran su dedicación y responsabilidad para hacer eficientes las instituciones públicas.
Se la persigue y despide porque apoyó de manera indirecta a que muchos criminales disfrazados de militares fueran juzgados y condenados. Los documentos rescatados en el AHPN han sido útiles para esas condenas, lo que hace que sus aliados y cómplices odien a quienes los pusieron a disposición de la población. Lo demás, como queda dicho, son simples falsas acusaciones con las que se intenta manchar su nombre y su historia profesional.
No tengo la suerte de conocer personalmente a la licenciada Anna Carla Ericastilla. Apenas la saludé brevemente un par de veces. Sin embargo, he sido usuario del AGCA y en mínima medida colaboré con el proceso de consolidación del AHPN, lo que me permitió conocer sus esfuerzos y logros.
Es de esperar que la comunidad de historiadores y archivistas profesionales asuma la defensa de Ericastilla como propia, pues el atropello del que ella ha sido objeto no puede pasar desapercibido y mucho menos debe ser aceptado. Ella, por su parte, ya tiene un lugar de honor en la historia documental del país.
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