El Gobierno espera que su propuesta haga que el crecimiento económico no se quede en 2.5 % en 2020, sino en 3.1 %, y que el impacto de la crisis sea solo de medio punto porcentual respecto al 3.6 % inicialmente programado.
A la fecha, no es posible establecer con certeza el impacto en la economía mundial ni en las economías nacionales de esta crisis, que se conjuga con la de los precios del petróleo y de las bolsas de valores, por lo que en realidad no es factible cuantificar en estos momentos la magnitud del impacto final.
Acciones del plan gubernamental
- Aplicar una política fiscal que incremente el gasto público, en especial la inversión para recuperar la actividad económica y generar empleo.
Para esto se presentó al Congreso una iniciativa de ley que autorice ampliar el presupuesto en 7,029 millones de quetzales (el 8 % del presupuesto vigente, que es de 87,715 millones).
La propuesta es financiar este gasto extra con nuevo endeudamiento. Pero en realidad esta ampliación de gastos ya estaba anunciada desde el año pasado ante la no aprobación del proyecto de presupuesto para el año y la intención gubernamental de ampliar los recursos para algunos compromisos ya adquiridos.
Es el caso de los incrementos salariales en los ministerios de Gobernación, Educación y Salud. A ellos se destinan 2,100 millones de quetzales (el 30 % de la ampliación). Se le asignan 500 millones al Ministerio de Salud para enfrentar la crisis sanitaria y 30 millones para infraestructura de salud.
El otro rubro importante es el aumento de 1,500 millones (21 % de la ampliación) para el pago de la deuda pública.
Es indudable que hay obligación constitucional de pagar las deudas contraídas, pero lo menos eficiente es pagar la deuda existente con nueva deuda. Cualquier persona que haya acudido a esta opción con tarjetas de crédito sabe las implicaciones negativas del caso. La capacidad de pago del Estado de Guatemala depende de la recaudación tributaria, y con esta deberían pagarse los compromisos.
No es sostenible en el mediano plazo el incremento del endeudamiento por estas razones.
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El tercer destino principal de los recursos solicitados son los consejos departamentales de desarrollo, con 850 millones (12 % del total).
Este mecanismo, originalmente creado para llevar inversión a los territorios, ha perdido su razón de ser y se ha convertido en instrumento de negociaciones opacas entre diputados distritales, gobernadores y alcaldes.
En el mediano plazo se debe retomar el carácter de foros de discusión de políticas públicas en los consejos y quitar labores de ejecución de proyectos a los gobernadores, que ahora son los responsables de determinar a qué contratistas se les autorizan los pagos.
Así las cosas, no hay garantía de que estos recursos servirán para generar empleo en los territorios, especialmente para los afectados por el colapso del turismo.
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El cuarto sector priorizado en la ampliación es el de justicia. Trescientos cincuenta millones para el Organismo Judicial y 295 millones para el Ministerio Público.
Se justifica con la aprobación de un préstamo externo para modernizar el sector, pero menos de la mitad de los recursos proviene del préstamo y la mayor parte depende de bonos. Es incuestionable la necesidad de fortalecer este sector. Lo que parece cuestionable es que se presente como parte de la propuesta de reactivación económica. Además, se agregan 120 millones extra para la Contraloría de Cuentas. En total, 11 % de la ampliación para este grupo de entidades.
En resumen, el 74 % de los recursos de la ampliación antes descritos no tienen vinculación directa con las necesidades para enfrentar la epidemia y evitar el contagio masivo.
Las experiencias negativas de Italia y España deben ser un referente a tomar en cuenta en lo relativo a las desastrosas consecuencias de no adoptar controles estrictos para impedir que la epidemia alcance las magnitudes que ambos países enfrentan ahora mismo.
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En Guatemala estamos en el punto inicial de la curva de contagios. La prioridad debe ser contribuir con las personas, las empresas y los salubristas a evitar que se acelere el ritmo de nuevos casos. El sistema de salud no tiene las capacidades necesarias para enfrentar esa situación.
Con la certeza de haber evitado el contagio masivo, llegará el momento de implementar acciones para reactivar la economía, generar empleo y, principalmente, recuperar las pérdidas por la crisis sanitaria.
2. El Ejecutivo reducirá entre un 20 % y un 25 % los gastos de funcionamiento y los destinará a inversión en construcción e infraestructura estratégica.
La intención no pasará de aspiración a menos que de inmediato se elabore la propuesta para reorientar los gastos y que se le presenten al Congreso las medidas concretas que necesiten su aprobación. La necesidad de recursos extra en el Ministerio de Salud no puede esperar. De un caso confirmado oficialmente el viernes 13 de marzo se pasó a 9 el jueves 19. Más de uno por día. Y estamos en el inicio de la curva de contagios.
3. Agilizar las transferencias monetarias temporales por 350 millones de quetzales para 160,000 familias vulnerables, con foco en adultos mayores y niños desnutridos.
Se deben diferenciar las necesidades de atención alimentaria por la desnutrición aguda, que periódicamente afecta a las familias en extrema pobreza del denominado Corredor Seco y de otras áreas afectadas por el hambre estacional, de los casos de carencia de ingresos por la merma en la actividad económica como consecuencia directa de la epidemia. Especialmente en los municipios más afectados por el estancamiento del turismo. Los recursos extra para el Mides deberían ser parte de la ampliación presupuestaria.
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4. Promover que se financie la vivienda social de bajo costo a través del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y con la garantía del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA). Trasladarán 100 millones de quetzales con los que poner en marcha el programa de vivienda social.
Es una medida para facilitar el acceso a la vivienda a población de bajos ingresos, pero con una fuente estable de trabajo. No es apta para quienes han perdido su empleo o sus ingresos por la crisis. Estas personas necesitan que se les apoye temporalmente para cubrir sus obligaciones de crédito mientras dure la crisis.
5. Dotar de recursos a las escuelas en todo el país por medio de las organizaciones de padres de familia (OPF) para remozar los establecimientos y tener a 2,000 comunidades dentro de dos semanas trabajando para ello con un salario que suponga una inversión de 175 millones de quetzales.
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Para tener certeza de la disponibilidad de estos recursos, debería incluirse la readecuación presupuestaria necesaria en el paquete de reformas legales que debe aprobar el Congreso. En la ampliación presupuestaria debe detallarse el destino de los recursos para evitar ambigüedades.
6. Liberar pronto la importación de medicamentos, alimentos priorizados y combustibles, incluyendo el gas propano, para que los guatemaltecos tengan acceso a dichos bienes.
El acceso a los bienes por parte de la población necesitada no depende solo de que estén disponibles en el mercado, sino de que las personas cuenten con los recursos necesarios para adquirirlos. En el caso de quienes no tienen empleo o lo han perdido por la crisis, se deben evaluar opciones inmediatas para permitirles opciones de consumo a fin de que no permanezcan en las calles buscando su sustento diario. Eso aumenta las posibilidades de nuevos contagios.
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7. Se promoverá la dotación de alimentos mediante programas sociales con el apoyo de las Iglesias, las instituciones sin fines de lucro y la cooperación internacional.
Este tipo de organizaciones apoya permanentemente los esfuerzos para mitigar la hambruna de las poblaciones rurales en pobreza extrema. Los recursos con que cuentan pueden ser insuficientes para ampliar su cobertura a las poblaciones urbanas y rurales ahora afectadas por la crisis. Deben activarse mecanismos y opciones adicionales para canalizar asistencia por estas vías.
8. Que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) monitoree los precios para evitar la especulación y el acaparamiento.
Debe dotarse de recursos extra a la Diaco para que pueda cumplir con sus funciones no solo en la capital, sino en todos los municipios del país. Hoy su cobertura es limitada, por lo que no se puede asegurar que se evitan la especulación y el acaparamiento sin su intervención directa. En los municipios, la escasez de granos básicos y el aumento de sus precios son cada vez más notorios.
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9. Para los micro-, pequeños y medianos empresarios (mipymes), tanto en el área urbana como en la rural, se pondrá a disposición un fondo de garantía de 100 millones de quetzales a través del CHN para disminuir el impacto.
La asistencia crediticia debe ser para quienes han estado participando activamente en actividades productivas y han perdido su fuente de ingresos por la crisis. Para las otras personas, las que históricamente no han tenido oportunidades de acceso a crédito y asistencia técnica, el tipo de apoyo debe ser diferente, ya que se debe empezar con la formación de capacidades para su integración a las actividades productivas.
10. Se agilizará la devolución del crédito fiscal a los exportadores. En este 2020 debería ascender aproximadamente a 2,600 millones de quetzales para que reactivemos la economía y tengan más capital las empresas.
En 2019, el Congreso aprobó un procedimiento específico para agilizar estas devoluciones. Las futuras autoridades de la SAT deben cumplir la norma y no seguir acumulando pagos atrasados para no perjudicar a las empresas.
Conclusión
El plan contempla acciones presuntamente orientadas a la reactivación económica bajo el supuesto de que la crisis sanitaria se ha superado. Esto es imposible de asegurar. Estamos en el inicio de la curva de contagios, y la experiencia de otros países de Europa y América muestra que lo crucial ahora es evitar el contagio masivo. Para eso hay que mantener aisladas a las personas.
El plan y la ampliación presupuestaria deben incluir, al menos parcialmente, acciones y recursos para propiciar que las personas y las empresas puedan cubrir los costos de estas medidas.
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Érick Coyoy fue ministro de Economía y dirige el Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural.
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