En cierta oportunidad se manifestó contra la creación de la universidad maya, una obligación legal del Estado derivada de los acuerdos de paz. Ante los problemas graves que sufren las comunidades, las autoridades ancestrales y los líderes comunitarios que defienden la vida y los territorios, se nota la ausencia de posiciones de tan alta autoridad, al punto de que resultan siendo algunas universidades privadas las que han desempeñado un papel relevante ante la problemática sociopolítica y ambiental que deriva de la tendencia extractivista del Estado. En el proceso de reforma de la USAC han aflorado los intereses de grupo que el rector representa, no los intereses de la comunidad universitaria ni del país. Y en esa lucha de poder entre roscas y élites la reforma no avanza. Y lo poco que ha avanzado ha tenido como restricción aceptar la desmonopolización o descentralización, así como la equidad de género y de pueblos en la representación y en el proceso mismo.
Recientemente, los medios de comunicación divulgaron sus declaraciones en contra de la reforma constitucional al sistema de justicia. Argumentaron cualquier cosa, menos los intereses que defienden, como el control y uso de las comisiones de postulación para posicionarse en puestos clave de la política nacional y de cercanía a los recursos del Estado y servir así, a saber si inconscientemente, a las élites tradicionales del poder, que han mantenido un férreo control del Estado como si fuera su finca.
Hay que entender que los procesos eleccionarios de la máxima casa de estudios han sido politizados, igual que la academia, la cual ha sido postergada y ha incumplido con su obligación constitucional como alma mater. Dinero de dudosa procedencia y prácticas antidemocráticas de las roscas que tradicionalmente han medrado cerca del poder universitario y han heredado privilegios, oportunidades, clientelismo y acarreos de votantes explican por qué la USAC no aparece en posiciones importantes en los rankings académicos de Centroamérica, no digamos de América o del mundo.
En ese sentido, yo, como universitario de la San Carlos, durante 30 años en el ámbito estudiantil, administrativo, docente e investigativo, digo que el rector (o la mayoría de los que han ocupado el cargo, con honrosas excepciones) puede ser legal, pero no legítimo. En consecuencia, no avalo sus declaraciones en contra de las reformas constitucionales ni otras vertidas en contra de la desmonopolización de los estudios superiores y de la creación de la universidad maya, pues él no representa los intereses de otras posiciones científicas, técnicas, políticas y culturales ante la realidad del país, como debe ser en las instituciones universitarias.
En esas condiciones es comprensible el proceso de privatización de los estudios universitarios, impulsado por los rectores, las autoridades y los docentes de la USAC, que ha convertido los estudios superiores en una mercancía en vez de un derecho humano. También es comprensible la demanda de una universidad maya, cuyos primeros planteamientos hicimos en la década de los 80 del siglo pasado con el extinto académico Enrique Sam Colop y cuyo documento quedó en las oficinas de la Unesco en Guatemala. Válidos son también los proyectos ya en funcionamiento (o a punto de empezar a funcionar) de las universidades Ixil, Kaqchikel, K’iche’ y Mam como una necesidad legítima ante la monoculturalidad, el estancamiento colonial de la USAC y la mercantilización de las universidades privadas.
En la próxima entrega explicaremos con más profundidad las razones históricas, culturales, políticas y académicas del surgimiento de las demandas de desmonopolización de la educación pública universitaria y del acceso a dichos estudios de pueblos y sectores excluidos, toda vez que las encuestas del Instituto Nacional de Estadística señalan que, del total de la población universitaria de la San Carlos, solo el 10 % son pobres. Y lo mismo podría decirse de la población indígena. Por ello se justifica la creación de la universidad maya y de otras que sean de carácter público.
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