El intento de golpe de Estado que están perpetrando la pandilla de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Jimi Bremer, Fredy Orellana y otros, desde la judicatura y la fiscalía, ciertamente es un problema grave que no puede ignorarse o minimizarse. La fabricación de casos de persecución penal espuria en contra de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de integrantes del partido Movimiento Semilla amenazan la conclusión exitosa del proceso electoral y el traspaso de mando.
Es comprensible que la gravedad de esta amenaza haya precipitado la decisión de las autoridades electas a suspender temporalmente su participación en el proceso de transición. El hostigamiento del Ministerio Público liderado por Porras, y de los jueces Bremer y Orellana, dificulta que Arévalo y su equipo se dediquen con la atención debida a las minuciosidades que requiere el proceso de transición y, muy importante, a tratar de incidir en las discusiones del proyecto de presupuesto para 2024. Sin embargo, por difícil que sea, no es imposible. Y, de hecho, es ineludible e indispensable.
La discusión del presupuesto es vital. Según la Constitución Política de la República, el plazo rígido que el Congreso tiene para discutir el proyecto de presupuesto inició el 2 de septiembre –fecha en la que, a más tardar, el Ejecutivo debía presentar la iniciativa de ley con su propuesta– y concluye el 30 de noviembre. Siendo un plazo establecido por la Constitución, la oportunidad de las autoridades electas para incidir en el que será su primer presupuesto no puede depender de los vaivenes de la coyuntura, y menos de los caprichos y ocurrencias criminales de Porras y su pandilla.
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Y es que, con un presupuesto diseñado específicamente para entrampar la gestión del nuevo gobierno, el riesgo que corre Arévalo no es solamente que no vaya a poder arrancar en enero, sino que su gestión puede quedar financieramente bloqueada durante todo 2024. Y mal conducidas las cosas por la décima legislatura, dominada por una mayoría opositora, este peligro puede extenderse incluso para todo el período del gobierno. O sea, el asunto del presupuesto –un instrumento esencial y vital para poder gobernar– es tan importante, o –desde cierta perspectiva– quizá más importante que las amenazas de la judicialización espuria.
Por ello, la decisión del presidente electo Arévalo de retornar al proceso de transición es muy sabia y prudente. Evidencia un cambio de visión y forma de pensar y enfrentar los desafíos, transitando de una lógica y dinámica político partidaria, adecuada para la contienda electoral, a una de gobierno y ejercicio del poder desde el Organismo Ejecutivo, atendiendo el mandato constitucional de representar la unidad nacional. En esta lógica, la prioridad es prepararse para lo que fue elegido, gobernar, y para ello es indispensable resolver desafíos como el de la aprobación de su primer presupuesto y revisar cuidadosamente la situación en la que recibirá los Ministerios, las Secretarías y las demás entidades del Ejecutivo.
Claro, toca seguir batallando en las escaramuzas legales con la pandilla de Porras, que sigue siendo una amenaza que no debe descuidarse. Pero, demuestra que ese es solo un desafío, entre muchos, pero el más importante es prepararse para gobernar. Porque el mandato popular para Arévalo y Herrera no se limita a derrotar a esa pandilla, que ojalá ocurra pronto, sino gobernar durante 4 años, frenar la debacle corrupta, y empezar a reencauzar a Guatemala por una senda de desarrollo integral y legítima, con una gestión gubernamental honesta y efectiva.
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