La semana pasada dio un buen ejemplo de coordinación ideológica. Carlos Vielmann, capturado exministro de Gobernación, debió presentar audiencia por su posible participación en matar reos en las prisiones en tiempos del presidente Berger. Como si los hampones prisioneros no tuvieran también ojos, oídos y memoria, se quejó de que el Ministerio Público usara en su contra el testimonio de secuestradores y asesinos. Que si va a juicio y resulta culpable podría ser algo así como que el comal se queje de la olla.
Vimos moverse en paralelo las defensas oficiosas del derecho del poderoso. Entrevistado por Soy 502, Marco Augusto García Noriega, presidente del Cacif, se quejó de que «hay una justicia selectiva». Un día después, Zury Ríos afirmó en Twitter: «La política y la justicia NO [sic] se mezclan. Todos somos iguales ante la ley».
Podríamos pensar que Ríos y García Noriega debaten. Pero, como en todo, cuenta el contexto: quién lo dice, para qué lo dice. García Noriega es sempiterno líder en el Cacif, la sexagenaria entidad donde mandan «prestigiosos y notables ciudadanos», hombres y más hombres; donde los apellidos se repiten siempre. Donde la consigna persistente ha sido el no: a firmar la paz, a pagar impuestos, a reconocer que todos somos igualmente ciudadanos. Por eso García Noriega se queja de la selectividad de la justicia, aunque siempre una justicia que funciona es selectiva contra el delincuente. Con la miopía propia del Cacif, que vive en un eterno sálvese quien pueda, no se queja de que uno de los suyos pueda ser delincuente. Se queja de que la justicia hoy seleccionó a uno de los suyos.
Mientras tanto, Ríos es más ambiciosa y se remite a la naturaleza del Estado. Su afirmación —de que todos somos iguales ante la ley— es prestidigitación verbal. Cierto, todos deberíamos ser iguales ante la aplicación de la ley. Por eso su mensaje parece contradecir a García Noriega. Cualquier sospechoso de crimen debería ser investigado y, si hallado culpable, purgar la condena sin importar apellido o etnicidad. Esto, por nombrar apenas dos características que aquí diferencian quién es castigado y quién queda impune.
[frasepzp1]
Pero el problema mayor es otro: que esa igualdad reclamada en la aplicación no se concede a la hora de formular las leyes. Por eso importa tanto que sea Zury quien exige igualdad de forma tan cínica como imprecisa. Porque es heredera aventajada del poder. Por influencia de su padre fue presidenta de un Congreso establecido para hacer leyes torcidas desde su diseño, para capturar el Estado. Así como hoy Álvaro Arzú hijo (siempre hijo, apenas hijo), otro heredero de la vieja política, se renueva en el asiento de la presidencia del Congreso sin más mérito que la voluntad de hacer el trabajo sucio de su clase y de sus iguales para proteger y mantener esa captura.
Por supuesto que denuncian una justicia que selecciona a sus delincuentes compañeros. Por supuesto que piden la aplicación universal de leyes que dicen que por parejo ganarán los poderosos aunque estén en el error. Y que por parejo perderán los débiles aunque tengan razón. Por supuesto que exigen no hablar de política ante leyes así mientras esconden su mano, la de la vieja política, que fabricó esas leyes mañosas.
Si no me cree, vea el caso de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Piden aplicar por parejo leyes que aseguran que solo el que tenga mucho dinero pueda competir. Exigen aplicar por parejo y mantener para siempre leyes que garantizan que solo el dueño de un partido puede ser candidato o poner a su hijo en la primera casilla del listado nacional para que llegue —iletrado— a darle continuidad al privilegio familiar y de clase. Se resisten a la prohibición al transfuguismo y al financiamiento anónimo, necesarios para criar políticos vendepatrias. Rechazan la influencia de una política distinta, ciudadana, sobre su justicia injusta y corrupta mientras ejercitan su poder político para resistir el cambio a sus leyes. Y denuncian la persecución judicial que desde el Ministerio Público, con apoyo de la Cicig, a través de una policía eficaz y en manos de jueces limpios, podría poner fin a su violencia y a sus abusos del poder público.
Así que no se engañe. Para nosotros, justicia es democracia, que es hacer política de la buena. Pero, para esa mezcla de élite parásita y políticos prebendarios, la justicia significa algo muy distinto: conseguir siempre justo lo que quieren.
*Nota de edición: Esta columna contenía un error. Se refería al presidente de Cacif como Víctor Suárez. El nombre correcto es Marco Augusto García Noriega.
Más de este autor