El poder legislativo, formado por el Congreso de la república, es probablemente la más clara expresión de la infuncionalidad. A tal grado que, una tras otra, las legislaturas han acumulado el desprecio social por sus actuaciones. Quienes forman parte del Congreso en este período no están al margen de esta situación. De hecho, la alimentan con sus actuaciones cotidianas.
La más reciente de ellas, el abusivo, perverso e inmerecido aumento a sus salarios, concebido desde el año pasado. Taimadamente cuando se discutió el presupuesto de ingresos y egresos para el presente año, sin la mínima vergüenza, el Congreso acordó incluir en su plan de gastos un aumento a los salarios. Decisión que la Junta Directiva actual llevó a la práctica al acordar en febrero un aumento de más del sesenta por ciento.
Así, las 160 personas que integran la asamblea legislativa pasaron de percibir Q29 mil 150 mensuales a tener un ingreso de Q46 mil. Esto equivale a casi 7 000 USD en un país en donde el salario mínimo apenas si se aproxima a los 500 USD. De allí que el rechazo social vaya en aumento puesto que lejos de atender las necesidades sociales, el Congreso de Guatemala solo ha buscado el beneficio de sus integrantes, muchas veces en detrimento de la población.
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Durante el gobierno del sinvergüenza Alejandro Giammattei mantuvieron artificialmente los estados de excepción para manejar recursos a manos llenas, sin fiscalización. Sin embargo, cuando en ocasión de las graves inundaciones del 2024 se necesitó que ratificaran el estado decretado por el ejecutivo que preside Bernardo Arévalo, masivamente se negaron a tan siquiera permitir aceptar ayuda internacional. Claro, porque en el gobierno de Giammattei recibían pago bajo la mesa mientras que en el de Arévalo no se ha recurrido a esta práctica corrupta.
Aunque hay acciones legales pendientes de resolver por oposición ciudadana al aumento abusivo, quienes integran el Congreso han cobrado sus salarios con aumento en febrero y marzo. Se aprestan, además, a cobrar impunemente el mes de abril y avanzar hacia lo que mencionan como derecho adquirido. Como si se tratara de trabajadores de una entidad o empresa y no de funcionarios electos para desempeñar un cargo específico.
Pretenden esgrimir derechos como si fueran personas trabajadoras, pero en la práctica ni siquiera cumplen las funciones para las que lamentablemente se les eligió. Han acumulado más de cuatro semanas sin sesionar porque, así, intentan evitar que congresistas con dignidad planteen rechazar el aumento. Buscan cobrar un tercer mes para, según esta gentuza sinvergüenza, tener derecho adquirido para seguir chupando la sangre al presupuesto nacional.
Aunque es deseable que el pleno retorne al hemiciclo y avance en la puesta en marcha de una agenda legislativa acorde con las necesidades de la población, es poco probable que se cumpla. A menos que haya una fuerte presencia y presión social y ciudadana, quienes mal hacen en llamarse congresistas, seguirán usando la corrupción como estrategia y el parasitismo como norma de vida.
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