Pero ¿qué es el bienestar general? Este es un objetivo, un propósito que incluso se encuentra plasmado en nuestra Constitución. Implica —desde la perspectiva y experiencia de este columnista—, el proceso continuo y sistemático de mejorar las condiciones de vida de las personas en una sociedad. Por supuesto, que a las personas a las que me refiero, no son todos los habitantes de una sociedad —pero igual las minorías que ya tienen una vida cómoda— se beneficiarían de una sociedad más equilibrada, más equitativa, más inclusiva.
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La mayoría de las personas, que muestran condiciones de vulnerabilidad social, son aquellas que luchan día a día por obtener un ingreso, para lo cual hacen uso de su capacidad de venta de forma ambulante por las calles; tratan de generar un ingreso exiguo, pero suficiente para llevar comida a casa. Son aquellos que tienen sus ventas en las esquinas de las calles que venden fruta, que venden panes, que venden atol, que venden comida.
Son aquellas que trabajan, pero que ganan el salario mínimo, que ni siquiera les cubre la canasta básica alimentaria, mucho menos la canasta ampliada o vital. Son también aquellos que ganan un poco más, pero que, ante una enfermedad o un accidente, no tienen la capacidad de suplir los gastos que implican ambos eventos.
Es más, son aquellos profesionales que se encuentran fuera de la protección social del IGSS, y que ante eventos de enfermedad o accidente no pueden cubrir la atención o, si lo pueden, lo hacen parcialmente para luego endeudarse.
Pero también son los ancianos, los discapacitados, los enfermos crónicos, los niños desnutridos —hombres y mujeres—. En fin, seguro son más, pero este sería el fin primordial del Estado, tal como establece la Constitución Política de Guatemala: «Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común». Ese bien común, es la analogía del bienestar, ese proceso de mejorar las condiciones y el nivel de vida de las personas, principalmente de aquellas que se encuentran rezagadas en la estructura social del país.
¿Y cómo consigue el Estado satisfacer el bien común o el bienestar?, pues nada más y nada menos que generar un conjunto de bienes públicos que sean seguros, baratos —en el mejor caso, gratuitos—, de fácil accesibilidad y que satisfagan la necesidad que buscan suplir.
Todos los regímenes de gobiernos democráticos han soslayado este propósito, se han extraviado en la maraña de la corrupción, con lo cual sus intereses distan o se distancian en demasía del propósito del bienestar. La desigualdad social en el país sigue ampliándose y con ella aumentan la pobreza y la pobreza extrema. Muchas personas recurren al sector informal para obtener un ingreso mínimo que apenas alcanza para sobrevivir, sin ofrecerles una verdadera oportunidad de desarrollo. Esta pobreza se transmite de generación en generación y revela un Estado mal administrado, marcado por la corrupción de sus exgobernantes, que condena a la sociedad a un futuro sin perspectivas.
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