El lunes de la semana pasada, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República emitió su dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa de ley 6279, el proyecto de presupuesto para 2024. Lamentablemente, las modificaciones introducidas por la CFPM, en realidad constituyen alteraciones severas a la propuesta original presentada por el Ejecutivo, tan graves que, de aprobarse lo que fue dictaminado por la CFPM, constituiría una trampa para el nuevo gobierno.
Así lo confirman los análisis técnicos que entidades como el Icefi han publicado. Cuesta creer el grado de descaro con el que la mayoría de los diputados que integran la CFPM se prestó a tergiversar un proyecto de presupuesto, con el propósito politiquero de meterle zancadilla al gobierno electo. Así, el nuevo gobierno, más que dificultades para gobernar en el primer año de su gestión, es posible que sufra tropiezos financieros para lograr cerrar las cuentas fiscales de enero de 2024.
Si esto suena exagerado, al revisar los detalles del dictamen, las pruebas abundan. Por ejemplo, en el segundo párrafo del artículo 56 y en el artículo 69 del dictamen de la CFPM, se propone que, cada vez que el Gobierno quiera colocar bonos, podrá hacerlo solo si el Congreso lo autoriza, con lo cual, prácticamente el nuevo gobierno no podrá acceder a financiamiento. Por supuesto, esta es una disposición que nunca se ha aplicado a los gobiernos anteriores, y está especialmente dedicada al presidido por Arévalo.
La CFPM en su dictamen pretende dar la apariencia de que respetaron la propuesta original del Ejecutivo, porque no cambiaron el techo presupuestario, dejándolo invariante en 124,880 millones de quetzales. Sin embargo, los cambios aplicados manteniendo invariante el techo presupuestario siguen un esquema que, técnicamente, se conoce como un juego de suma cero, es decir, si se le aumenta a uno, se le debe quitar a otro, y viceversa. Justamente esto es lo que hizo la CFPM.
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Y lo hizo de la peor forma posible. Los aumentos más voluminosos aplicados por la CFPM fueron 370 millones de quetzales al MP, 400 millones de quetzales al Organismo Judicial, 200 millones de quetzales a la Universidad de San Carlos de Guatemala y 200 millones de quetzales al Registro Nacional de las Personas. Como es un juego de suma cero, estos incrementos son a costa de recortes, que es lo que, efectivamente, la CFPM aplicó, siendo los más escandalosos: 417 millones de quetzales en el salud (menos 39 millones de quetzales para oenegés de dudosa reputación), 325 millones de quetzales en Gobernación, 356 millones de quetzales en desarrollo social, 125 millones de quetzales en agricultura y, como el superintendente de la SAT opinó en una audiencia de la CFPM que el incremento que pidió el equipo de transición del gobierno electo sí era técnicamente viable, pues un recorte de 270 millones de quetzales al presupuesto de esa entidad.
Además de estos incrementos y recortes en las asignaciones financieras, la CFPM introdujo varias propuestas de normas que, prácticamente, trasladan al Congreso la administración de la hacienda pública. Estas propuestas demuestran una ignorancia escandalosa por parte de la mayoría en la CFPM, pues contraviene lo establecido en la literal «q» del artículo 183 de la Constitución Política de la República, que dice que la hacienda pública la debe administrar el Ejecutivo, no el Congreso.
Las alteraciones severas que introdujo la CFPM, justifican calificar su dictamen como un verdadero mamarracho presupuestario. Un panfleto con apariencia legislativa cuyo objetivo es entorpecer –si no imposibilitar– la gestión del nuevo gobierno.
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