El proceso para nombrar fiscal general de la República de Guatemala y jefe/a del Ministerio Público está a días de terminar. La recta final, a cargo del mandatario Bernardo Arévalo, es a puerta cerrada. La dinámica decisiva generó un cambio respecto de la ronda de calificación y selección de aspirantes por parte de la Comisión de Postulación que la cumplió bajo el escrutinio público presencial y electrónico.
De acuerdo con lo normado, quien ocupe la poderosa silla desde la que se conduce la investigación y persecución penal, ejercerá durante el lapso 2026-2030. Sin embargo, en el ínterin habrá comicios generales en 2027 y, a juzgar por los antecedentes reincidentes en que el país se viene sumiendo, puede decirse que en breve habrá relevo en Gerona, en uno año comenzará una polémica polarizada, y en año y medio, según los resultados presidenciales, habrá olas para revertir lo hecho.
Llegar al momento actual, para la instancia postuladora fue como desplazarse en una montaña rusa, entre subidas y bajadas, saltos y sobresaltos, incluido un trayecto por un túnel del que parecía no salir, pues el diseñó de la ruta incluyó un laberinto en el que el convoy de 15 plazas avanzaba, pero también retrocedía.
Vale apuntar que el Congreso de la República, el 3 de febrero de este año juramentó a la comisión formada por 12 decanos de las facultades de Derecho de igual número de universidades, de 15 autorizadas, más dos representantes del Colegio de Abogados y Notarios, además del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Después de este acto se lanzó la convocatoria para profesionales que reunieran las mismas calidades que las y los magistrados de la CSJ.
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Querer ser cabeza de la institución auxiliar de la administración de justicia y responsable de velar por el «estricto cumplimiento de las leyes nacionales» motivó a siete decenas de interesados. La comisión aceptó a 58 de los cuales seis quedaron en la nómina elevada a la presidencia de la república: Beyla Adaly Estrada Barrientos, Carlos Alberto García Alvarado, César Augusto Ávila Aparicio, Gabriel Estuardo García Luna, Néctor Guilebaldo de León Ramírez y Julio César Rivera Clavería, citados en orden alfabético a partir del primer nombre. Por cierto, esta lista debió votarse dos veces, ya que la primera fue botada y en la segunda, García Alvarado reemplazó a Zoila Tatiana Morales Valdizón.
Sin duda, la designación de fiscal general de la república y jefe/a del Ministerio Público alimenta una lucha de intereses, lo cual ha sido más que evidente en este y en todos los procesos que lo han precedido. La variedad de acciones legales que han rodeado y que mantienen cercada la culminación que debe llegar este mes sí causa dudas porque la disputa conlleva un ajedrez jurídico.
Más allá de los vaivenes suscitados desde febrero y del indudable agotamiento de un mecanismo que, tal vez, se configuró con buenas intenciones al incorporar a la academia, pero que en la práctica solo ha servido para desacreditarla con o sin razón, estamos a las puertas de cerrar un nuevo capítulo en las luchas de poder.
También es oportuno señalar que bien hubiera hecho el mandatario, aunque sea de manera protocolaria, celebrar las entrevistas de forma pública. Con ese detalle se habría lucido, pues en resumidas cuentas quienes saben de la correlación de fuerzas y de actores influyentes, ya conocen quién es quién en la lista.
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