Quienes buscan impunidad saben que deberían pagar por sus faltas, pero operan dentro de un sistema con el que aquellas se pueden hacer invisibles, aunque sea a fuerza de cinismo (como los múltiples acusados —algunos confesos y encontrados culpables y hasta condenados fuera de Guatemala— que bajo el vigente sistema de persecución penal han resultado libres de cargos, han recuperado fortunas y hasta se han dado el lujo de pasar de culpables a acusadores).
Lo anterior se relaciona con un peculiar sistema de impunidad en Guatemala: el de los transportistas (me disculpan aquellos con responsabilidad social).
Ya son demasiados años de observar lo mismo: negocios millonarios con fondos públicos destinados a la mejora del transporte (como los robos del dinero para compra de buses, o las compras fraudulentas por carteles político-privados). También hemos visto transportistas que se ríen de las multas que les imponen y las coleccionan casi como trofeos para, llegada la coyuntura perfecta, negociar amnistías y rebajas groseras para luego volver a empezar la cuenta.
En cuanto a las leyes para que muchos vehículos de transporte de bienes y de personas dejen de ser impunes máquinas de la muerte, el modus operandi es conocido: oposición a sistemas de control (como los contadores de pasajeros en el transporte público), oposición al pago de seguros, oposición al uso de reductores de velocidad, desprecio absoluto de las normas sobre contratación de choferes o pilotos (experiencia, edad mínima, capacitación, tipo de licencia de conducir), límite a las horas que debe trabajar un piloto de transporte pesado, y siga el lector añadiendo a la lista.
[frasepzp1]
Tampoco es un misterio que existe colusión entre políticos y algunos grupos de transportistas. Muchas veces han utilizado al transporte como fuerza de choque y de sabotaje económico, como desestabilizadores de la gobernabilidad (igual que acostumbran a hacer algunas municipalidades, que tienen grupos sociales controlados y con ciertos beneficios a cambio de movilizarse cuando se los pidan: para más seña recordemos a las fuerzas de choque que impedían elecciones de cuerpos electorales universitarios cuando el usurpador Mazariegos desplegó su operación de toma del poder universitario).
El próximo año será electoral y el uso de ciertos sectores económicos como instrumento de presión se ofrece como una poderosa arma en la lucha por el poder. Sabemos cuáles son los partidos políticos manipuladores. Lo normal sería ser testigos de tratos bajo la mesa para seguir posponiendo medidas necesarias para la gobernabilidad, la paz social y la justicia.
Hace algunos años, cuando el tema del seguro obligatorio tomaba forma, un dirigente de los transportistas declaró en televisión abierta que no comprar los seguros era «un derecho adquirido». ¿Cómo llegamos a eso? Por otra parte, una persona ligada al sector del transporte decía recientemente que las disposiciones regulatorias eran vanas, porque el gobierno no tiene la capacidad presupuestaria ni humana para hacerlas cumplir. Buena razón trae, pero con esos argumentos solo se justifica seguir como estamos. «El gobierno no tiene la capacidad para verificar que todos los transportes cumplan con instalar los limitadores de velocidad», decía. O sea que no hay voluntad para instalar los sistemas, porque si decidieran cumplir con la norma no habría necesidad de llenar las carreteras de inspectores y de policías. No es debilidad del gobierno (sin negar que debe tener un plan efectivo para conseguir el cumplimiento de la ley) sino excusas para seguir posponiendo las medidas necesarias, con la intención de negociar más extensiones y encontrar nuevos pretextos para que la muerte siga arrebatando vidas y destruyendo familias.
Dejémonos de excusas y de pretextos, de manipulación y de mercadeo de impunidad. Son afortunados de que los proyectos sean sobre seguros y regulaciones para evitar más accidentes. Peor les resultaría que un día se anunciara que los gringos, los israelitas, los taiwaneses o los chinos construyeran la red ferroviaria de carga, dejando carreteras despobladas de vehículos. Urge diálogo y verdadera voluntad.
Más de este autor