La presión popular para que el presidente tome acción y logre remover a Consuelo Porras, es creciente y la inacción ya empieza a cobrarle la factura. El problema de Arévalo es que, según la opinión de muchos, en rigor legal no puede removerla. El presidente sigue esta línea de pensamiento jurídico, lo cual ha sido aprovechado por Porras y toda su mafia.
Esta situación cambió con el anuncio del presidente Arévalo de que presentaría una iniciativa de ley para reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, referente a las causales y procedimientos para la remoción del Fiscal General y Jefe del MP. Con esto, Arévalo da un paso contundente en la dirección que demanda la ciudadanía, y ahora el peso de la responsabilidad recae sobre las y los diputados.
Ahora que la propuesta ha llegado al Congreso, ¿cuenta con la mayoría calificada requerida, es decir 107, las dos terceras partes o más votos de las 160 curules?
Lamentablemente lo que hasta ahora ha mostrado la actual X Legislatura fundamenta la duda. Si la iniciativa presentada por el Presidente Arévalo llega a ser aprobada con la mayoría requerida, habrá sido el resultado de una situación excepcional, contra todo pronóstico. Es difícil creer que la mayoría de las diputadas y los diputados actuarán por pura y llana buena fe y conciencia.
La presión ciudadana e internacional seguramente deberá jugar un rol crucial si esta modificación a la Ley Orgánica del MP ha de aprobarse. Las y los diputados que no apoyen de manera voluntaria y espontánea, pueden terminar haciéndolo si sienten la presión de la movilización cívica y la amenaza de ser incluidos en las vergonzosas listas de los sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y otras instancias internacionales.
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Sin embargo, a muchas diputadas y diputados les caracteriza lo que popularmente le llamamos «cuero de danta». Son prácticamente inmunes a la presión ciudadana, violando descaradamente su compromiso de ser representantes de sus distritos electorales y, como no suelen viajar ni tienen negocios en el extranjero, las sanciones internacionales les tienen sin cuidado. En estos casos, para llegar a la mayoría calificada de votos, se deberá recurrir a otros incentivos, como la orientación de inversiones públicas a sus distritos y otros apoyos gubernamentales que pudieran ser del interés de las y los diputados renuentes a apoyar.
No obstante, la experiencia nos muestra que estos incentivos en la forma de destinar de manera transparente y legítima inversiones y apoyos gubernamentales no es, ni ha sido la práctica en el Congreso. Prácticas corruptas como sobornos, contratos amañados y sobrevalorados, tráfico de influencias, plazas fantasmas, y otras, han sido los «incentivos» comunes y a los que están mal acostumbrados la mayoría de las y los diputados.
Ojalá el presidente Arévalo y su equipo no caigan, producto de la desesperación, en la tentación de continuar las prácticas corruptas típicas en el Congreso, supuestamente con el propósito de lograr el ansiado bien superior de remover a Consuelo Porras.
Lograr que el Congreso apruebe la propuesta del Presidente recurriendo a la presión e incentivos legítimos y honestos, es un desafío enorme e inédito. Esperan, por un lado, la ciudadanía que exige resultados y la remoción de Porras, y por otro, el Congreso que apuesta al desgaste y lograr continuar con los muy lucrativos negocios sucios de siempre.
Una vez más, a nosotros, la ciudadanía, nos toca asumir un rol activo y presionar al Congreso para que haga lo que demandamos, lo correcto.
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