Al analizar la tendencia histórica, se observa que la reducción total ha sido de apenas 20.2 puntos porcentuales en 39 años, lo que representa un ritmo promedio de una miseria: el 0.52 % anual. No obstante, el análisis del último tramo es aún más desalentador, pues pasamos de un 46.5 % a un 42 %. Esta reducción de 4.5 puntos en 11 años arroja un ritmo de apenas 0.41 % anual, lo que evidencia que la velocidad de mejora se está desacelerando a pasos agigantados.
Mientras que entre 2002 y 2009 se lograba bajar casi un punto por año (0.9 %), en la última década el avance ha caído a menos de la mitad de esa velocidad. En consecuencia, al revisar las metas de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN 2022-2027), la triste realidad es que estamos a años luz de cumplirlas. La meta para el 2027 era llegar al 33.3 %, pero con el 42 % actual, tendríamos que bajar casi nueve puntos en un solo año; algo que, matemáticamente y con el ritmo de tortuga que llevamos, es totalmente imposible.
Es justamente en las altas esferas burocráticas donde ocurre una de las mayores simulaciones del Estado. En el CONASAN se presentan y aprueban protocolos y planes pomposos que los técnicos en campo simplemente no pueden cumplir. Estos documentos se utilizan únicamente para validar la gestión y aparentar ante la comunidad internacional que se está actuando, para que, al final del día, se termine culpando a la población por supuestamente «no cambiar su conducta alimentaria». Esto es lo que en la teoría de políticas públicas conocemos como isomorfismo: adoptar formas institucionales para aparentar orden y llenarse la boca con metodologías internacionales en los escritorios, mientras se deja intacta la cruda realidad de las comunidades.
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Ante este panorama, cabe preguntarse si ya podemos tachar de fracaso las políticas de este gobierno y de sus predecesores. La respuesta, sin andarnos por las ramas y viendo los números fríos, es un rotundo sí. A poco más de un año para que inicie el nuevo proceso electoral, la administración actual ha demostrado que sus planes no son más que un montón de promesas incumplidas. Mientras la niñez sigue padeciendo hambre y más del 52 % de la población consume agua contaminada con E. coli, los funcionarios se dan aires de soberbia sin hacer lo mínimo para lo que fueron nombrados. No podemos seguir creyendo el cuento de que estamos avanzando cuando la realidad demuestra lo contrario en las comunidades más vulnerables.
Sin embargo, hay datos aún más alarmantes. Por primera vez desde 2015, se reporta un aumento de la desnutrición aguda, que alcanza ya el 1 %. Esta es la condición que pone en peligro inminente la vida de la niñez, atacando en el corto plazo por falta severa de alimentos o enfermedades. A esto se suma que existen departamentos con porcentajes de tres y cuatro que deberían estar bajo alerta anaranjada inmediata; no obstante, regiones como Retalhuleu ni siquiera han sido consideradas en la priorización estatal, y han quedado abandonadas a su suerte.
Lo más preocupante no es solo lo que se dejó de hacer, sino lo que se avecina para este 2026. Es urgente poner las barbas en remojo (literalmente) porque la situación se puede poner color de hormiga. En el segundo semestre de este año enfrentaremos dos amenazas letales para el bolsillo y la salud del pueblo: el aumento constante en los precios de combustibles e insumos agrícolas debido a conflictos internacionales, y la llegada del fenómeno de El Niño. Sin una respuesta inmediata de alta cobertura, esta combinación devastará la agricultura de subsistencia, destruirá empleos y disparará nuevamente los índices de desnutrición.
No podemos darnos el lujo de cometer los mismos errores del pasado ni actuar como bomberos apagando fuegos cuando la casa ya se quemó. Recordemos lo ocurrido en Alta Verapaz tras las tormentas Eta e Iota: la pobreza y el hambre coyunturales se transformaron en un problema crónico porque el Estado no implementó acciones sostenibles. Si permitimos que la crisis climática y el costo de los fertilizantes ahoguen a los pequeños productores, miles de familias caerán en inseguridad alimentaria de la noche a la mañana, repitiendo el ciclo de pobreza estructural.
Este combate no lo ganará un puñado de funcionarios de escritorio que desconocen la realidad de las comunidades, que sienten apatía por el dolor ajeno o que carecen de la humildad para coordinar con quienes sí conocen el territorio y entre ellos mismos. Por el contrario, el éxito depende de la organización, participación y movilización comunitaria. Señor presidente, trabajar junto con las organizaciones y autoridades ancestrales —quienes mantuvieron la dignidad del país en 2023 y gozan de verdadera credibilidad— es una de las vías. Abrir la puerta a una gestión compartida con ellos es, precisamente, tener voluntad política.
No basta con repartir bolsas de comida que no nutren; mientras el pueblo siga tomando agua contaminada con popó, cualquier esfuerzo se irá por el drenaje. Se requiere blindar el presupuesto de saneamiento, subsidiar directamente a los agricultores, entregar a todas las comunidades excluidas servicios de salud con real pertinencia cultural y asegurar comida saludable en la mesa. Pero, sobre todo, se requiere entender que la desnutrición no es un número en una tabla de Excel, sino una tragedia humana. La desnutrición no es el destino de los que vivimos aquí, sino la consecuencia de un sistema que ha preferido la apatía sobre la acción.
Presidente, las metas de la POLSAN se están hundiendo; aún es tiempo de escuchar a la verdadera organización social de Guatemala y rescatar al pueblo.
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