La más reciente muestra de su vocación pro impunidad se produce en el caso conocido como Diario Militar, en el cual el MP solicitó el sobreseimiento y con ello la libertad para los imputados. La actuación de la fiscalía a cargo del caso responde a instrucciones desde la cabeza misma del MP; es decir, Consuelo Porras y su equipo. Esta acción no es aislada y responde, plenamente, a la política impulsada desde que Porras asumió como Fiscal General (FG), hace más de siete años.
Una política contraria a su deber constitucional. A tal grado que criminales procesados por graves acciones de corrupción no solo han quedado libres, sino que han recuperado los bienes incautados. Mismos que fueron adquiridos con recursos estatales robados desde sus roles como funcionarios públicos. Tales son los casos de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez, o Manuel Baldizón, convicto en Estados Unidos por lavado de dinero.
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De igual forma, el MP de Porras y compañía ha perseguido con saña a personas operadoras de justicia, quienes, en cumplimiento de su deber, investigaron y procesaron a criminales corruptos o violadores de derechos humanos. Luego, el mismo MP también ha levantado su guadaña del derecho penal del enemigo en contra de periodistas y personas defensoras de las libertades fundamentales, así como de líderes y autoridades indígenas. Para el MP, las formas tradicionales de organización ancestral constituyen delito que tipifica como asociación ilícita, a fin de criminalizar, desde una óptica racista, el ejercicio de derechos.
Era cuestión de tiempo para que, de proteger a criminales corruptos, el MP pasara a defender a violadores de derechos humanos y criminales de lesa humanidad. De tal suerte que el 8 de este mes se lució pidiendo el cierre del caso contra Toribio Acevedo Ramírez, Edgar Virginio de León Sigüenza, Malfred Orlando Pérez Lorenzo y Alix Barillas Soto. Los cuatro imputados enfrentan proceso por delitos contra deberes de humanidad y desaparición forzada.
Acevedo Ramírez fue capturado en Panamá, cuando intentaba escapar hacia Europa, aparentemente protegido por el emporio familiar para el cual ha trabajado desde hace décadas. Según reportes, el sindicado habría fungido como jefe de seguridad del monopolio del cemento, antes Cementos Novella y hoy Cementos Progreso.
Fiel a su vocación de agresor y probablemente engallado por su sensación de impunidad, Acevedo blandió un bastón y agredió a la periodista Nathalie Quan, de Prensa Comunitaria, así como al también periodista Carlos Alonzo, de eP Investiga. En anteriores audiencias sobre el caso, el imputado buscaba protegerse con dos mascarillas que le cubrían casi la totalidad del rostro. Esta vez, aunque llevaba una, igualmente ocultó su cara en el hombro de una persona que lo acompañaba. Como diría la abuelita, tira la piedra y esconde la mano. Mientras el MP procura librar de culpas a los sindicados de crímenes atroces, los acusados creen tener derecho de agredir.
Así las cosas, el MP que Consuelo Porras ha destruido y dejado prácticamente en trapos de cucaracha en cuanto a persecución penal se refiere, hoy por hoy es un ente al servicio del crimen y la impunidad. En manos de su jefa actual, la fiscalía en Guatemala protagoniza una traición tan grande, solo comparable con la perpetrada por el ejército en 1954, que puso fin a la primavera democrática de 1944.
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