Durante los días de Semana Santa, se supo de una amenaza de invasión a las áreas protegidas en Guatemala, un guion que se ha repetido en varias ocasiones: se alienta de forma maliciosa la invasión de campesinos pobres que conquistan espacios de reserva natural, de manera que paulatinamente obtienen de forma forzada tierras que, de otra forma, no obtendrían. Ese esquema de invasión y apropiación forzada se ha repetido en múltiples ocasiones en Guatemala, de manera que, seguramente, existirán líderes que se prestan a este tipo de maniobras con tal de obtener beneficios espurios.
Este esquema fraudulento de acción es solamente la punta del iceberg de todo un sistema político ineficiente, incapaz de regular adecuadamente la acción de los diversos grupos que conviven en el ámbito nacional. Por lo que, en la práctica, la institucionalidad no logra regular las acciones de quienes pretenden extraer rentas ilícitas, lo que termina degradando aún más la predictibilidad de las relaciones sociales. Los actores sociales entienden que hay dos formas de obtener ganancias: por la vía legal e institucional, que es un camino largo, incierto y poco satisfactorio, o la forma rápida, la que utiliza mecanismos y procesos ilegales como los de la invasión de tierras, de manera que los resultados son más rápidos, efectivos y satisfactorios.
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Por eso, el auténtico desafío para el actual gobierno es justamente cómo reestructurar la institucionalidad y las políticas públicas de manera que superen su tradicional ineficiencia regulatoria y empiecen a promover un mejor desarrollo de Guatemala. Para lograrlo, indudablemente debe poner freno a las ambiciones empresariales de obtener ganancias manipulando las condiciones del mercado. Por ejemplo, se supo que las farmacéuticas se coluden para obtener ganancias al establecer precios por encima de los que prevalecen en otros mercados más competitivos. Los empresarios rapaces, sin embargo, no son los únicos que el Estado debe controlar; también a algunos movimientos sociales como aquellos que se sabe amenazan las áreas protegidas. Igualmente, se puede decir de los líderes y partidos políticos, quienes muchas veces han construido mecanismos clientelares que acaparan y depredan todo a su paso. Estos mecanismos explican la victoria de muchos diputados actuales del Congreso de la República, quienes probablemente son altamente cuestionados en público por la sociedad civil organizada, pero aclamados en secreto por los electores, quienes se convierten en mayorías silenciosas que ya hace mucho dejaron de soñar con un sistema político diferente. Existe lo que está, está lo que existe, por lo que ser realista es simplemente aceptar lo que se sabe que predomina en el ámbito público guatemalteco.
En la literatura del desarrollo existe un debate sobre si el hecho de poseer recursos naturales, como en el caso de Guatemala, es una maldición o una bendición. El análisis del debate demostraría que no hay una respuesta estándar a este aspecto: los recursos naturales no son en sí mismos el problema, a menos que ocurra lo que la literatura llama el «mal holandés», que consiste en un efecto permisivo sobre las finanzas de un país por un rápido ingreso de moneda extranjera al sistema financiero. La maldición de los recursos naturales proviene de la forma en que el Estado logra establecer mecanismos legales, políticas públicas e instituciones reguladoras que permitan controlar la corrupción y la tentación de obtener recursos ilegales de la extracción de recursos naturales. Cuando el Estado no logra regular el campo político y económico relacionado con la explotación de recursos naturales, la bendición se transforma en una maldición. Se convierte en un interminable campo de batalla en donde prevalece siempre el más vivo y el más cabrón.
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