La competencia es uno de los factores fundamentales dentro de la denominada Ley de Competencia Perfecta, de la cual existen innumerables textos económicos que hablan sobre la misma, pero que acá se cree que «la intervención en el mercado daña a las empresas», tal como enunció con suma elocuencia y seriedad un diputado en una discusión, en la cual estuve presente, sobre las tasas de interés. Pero todos estos diputados, empresarios y funcionarios únicamente hablaban de la competencia del diente al labio, porque en general, con sus actuaciones, lo que hacían era borrar la competencia como elemento crucial en un mercado.
La competencia junto a la demanda, la oferta y el mercado, representan los factores fundamentales de una competencia perfecta, una omisión que, incluso acá en Guatemala, se esconde detrás de la «competitividad», un concepto distinto. Pero tanto los empresarios como las instituciones del Estado hechas para el sector privado, como el Pronacom, utilizaban dicho término para ocultar o distraer el verdadero sentido de la competencia.
Algunos hablan de la Ley Antimonopolio (artículo 130 de la Constitución), pero en realidad con una ley de competencia se incluyen todas aquellas prácticas desleales y anticompetitivas, así como en este marco se pueden establecer las regulaciones correspondientes para este tipo de empresas. Algunas de las transnacionales, por cierto, que en su país de origen sí respetan las regulaciones, acá vienen a sortear todo tipo de regulación y les facilitan la imposición de precios arriba de lo que el mercado determina.
La Ley de Competencia, por su propio contenido, necesita ser un ente independiente, con presencia técnica y, si se quiere, una junta plural, pero sin favorecer a intereses económicos, así como tampoco con aquella solicitud en algunas iniciativas de ley que cualquier anomalía debería responder a una denuncia pública, vaya dificultad para un ciudadano de a pie… ¿quién le iba a poner el cascabel al gato?
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La otra ley fundamental es popularmente llamada Ley de Aguas, pero en realidad es una Ley sobre la regulación de los recursos hídricos, un concepto más amplio, más estratégico y que responde al ciclo del agua. Esta ley se ha venido conduciendo de una forma técnica y buscando encontrar la mayor cantidad de consensos con diferentes actores, porque al final muchas comunidades gestionan su propia agua ante la ausencia del Estado, mientras que otros se han aprovechado de su poder incluso para desviar ríos para favorecer sus actividades.
La Ley de Recursos Hídricos pretende introducir un cambio significativo en la forma de regular el uso, el consumo y todas las características propias y necesarias para que el vital recurso ya no sea de costo cero por empresas corporativas, así como también las empresas que contaminen acepten la regulación respectiva y el pago de servicios ambientales.
Todavía falta mucho por recorrer, pero la sola discusión de estas dos leyes, así como la que se aprobaron del Tratamiento Integral del Cáncer y la otra de la alimentación saludable, forman un conjunto que, sin duda, muestra un cambio enorme en nuestra sociedad, acostumbrada a leyes sin sentido, a posiciones religiosa extremas, a generar leyes ad hoc para la corrupción.
En fin, creo que esta nueva gestión de Gobierno y este nuevo grupo, que tiene un acuerdo de gobernabilidad en el Congreso de la República –a pesar de que, seguramente, existen diferencias–, ha encontrado un camino distinto, se quiere hacer algo por el país, por nuestra sociedad.
Seguro falta mucho, seguro los recursos se tornan limitados, pero la orientación de las leyes es positiva y ojalá así continúen para el bien del país y a pesar de saber que al final de todos estos procesos se encuentra la Corte de Constitucionalidad, un conjunto desabrido de abogados que ya ni siquiera son representantes del poder económico, sino auténticos leguleyos gachos que se oponen a cualquier cambio, pero facilitan resoluciones a favor de criminales y ladrones.
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