Libertad para el racismo

En los dos siglos y casi un lustro que lleva de vida el acta que permanece en vitrina, ese minúsculo grupo elitario ha garantizado por todos los medios el control del poder. A tal grado que pese a la puesta en vigor de diversos textos constitucionales, cada vez que han sentido la amenaza a sus privilegios, no han vacilado en anularlo o, en última instancia, pasarlo por el arco del triunfo y violar su propia legalidad.

Así sucedió entre los años 60 y 90 del siglo XX, cuando la estrategia contrainsurgente alcanzó su climax mediante el genocidio étnico y político. Pese a que el marco legal establecía el procedimiento para llevar ante los tribunales a quienes se encontraban al margen de la ley, igual fue violentado, pues se prohibió el ejercicio de derechos. La práctica de la desaparición forzada, una de las más crueles acciones de represión aplicadas en Guatemala, fue el pan nuestro de cada día durante décadas. A tal extremo que hay registro de cerca de 50 mil personas detenidas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad.

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La ejecución extrajudicial individual o colectiva en masacres fue también la herramienta que se realizó hasta acumular más de 240 mil personas asesinadas por la acción contrainsurgente. La maquinaria estatal, particularmente la militar y policial, lejos de servir a la seguridad colectiva, se empleó para proteger a un régimen excluyente, racista y discriminador, en beneficio de una élite descendiente de quienes optaron por la supuesta independencia con el fin de evadir el pago de impuestos.

Con el paso del tiempo, el robo descarado de los recursos naturales o estatales ha sido la otra fuente de acumulación de las élites que siguen siendo diestras en la evasión fiscal. De tal suerte, cualquier factor o evento que amenace su control absoluto del poder representa una amenaza, y optan otra vez por empujar la maquinaria en su contra.

La persecución espuria que el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras realiza en contra de las autoridades indígenas tiene su origen en el entramado ideológico del racismo que ha nutrido a las élites en Guatemala. Por ello intentan convertir en delito el ejercicio de derechos como el de libertad de expresión, asociación, reunión, manifestación y petición a las autoridades. En la presentación de casos contra autoridades indígenas o líderes de los pueblos originarios, el MP no escatima en mostrar su vocación servil al racismo estructural.

De tal suerte que el MP no tiene empacho en tipificar como terrorismo, asociación ilícita y otros delitos graves las acciones que, en 2023, llevaron a cabo los pueblos indígenas y organizaciones sociales en legítimo ejercicio de derechos; acciones que, como se indica, estaban amparadas por la Constitución y los derechos universalmente garantizados, en defensa del sufragio popular y la democracia.

Pero, como desde hace dos siglos y cuatro años, las élites criollas y su entramado de servilismo, anclado en el MP, vuelven a usar el derecho para imponer su ley. Una ley excluyente, racista y retrógrada que viola flagrantemente el marco legal y constitucional en Guatemala. Ahora la criollada y sus sirvientes conmemoran la libertad de ejercer el racismo mediante el derecho penal del enemigo.