Actualmente se produce una batalla por el control total del Puerto Quetzal. Por un lado, el conjunto de intereses detrás de la operación de la terminal privada de contenedores a cargo de la empresa transnacional APM Terminals Quetzal (AMPTQ).
La situación de APMTQ está muy lejos de ser prístina y pulcra. Le precede uno de los antecedentes más asquerosos de nuestra historia de corrupción: el contrato de usufructo a favor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) otorgado por la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). Una verdadera orgía de corrupción que inició allá por 2012, con una constelación de mafiosos de la talla de Gustavo Alejos, Allan Marroquín, Ángel Pérez-Maura, Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y otros. En lugar de seguir los procedimientos permitidos por la legislación aplicable a los negocios con el Estado se retorció la ley y se pagaron sobornos millonarios para dar cabida a ese contrato de usufructo a favor de TCQ.
Pese a semejante antecedente, APM compró el contrato de TCQ. Es difícil creer que APM haya sido sorprendida en su buena fe, toda vez, si sus abogados realizaron la debida diligencia que los negocios de esta magnitud exigen, es casi seguro que sabían la calidad de negocio corrupto que estaban comprando. La semana pasada, un juzgado guatemalteco ordenó, tras años de proceso judicial aletargado, la suspensión del contrato con APMTQ y la consecuente suspensión de operaciones. Esto supone una crisis mayúscula para el comercio internacional guatemalteco, y con ello, riesgos de desabastecimiento y parálisis de exportaciones.
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Por otro lado, está la EPQ, por desgracia, otra cloaca añeja de corrupción, prácticamente capturada por mafias, con su propia constelación de mafiosos, el omnímodo Gustavo Alejos, Estuardo Vargas, Miguelito Martínez, Alejandro Giammattei y otros. La EPQ está manchada por casos de tráfico de drogas y personas, defraudación aduanera, contratos amañados de todo tipo, incluyendo obras de infraestructura como rompeolas y rampas, dragados no realizados, entre otros. ¿Es la suspensión del contrato con APMTQ resultado de la conexión entre esta mafia en control de la EPQ con las redes de corrupción en el Organismo Judicial? La pregunta tiene sentido, porque existen indicios que apuntan a que la mafia de EPQ podría estar interesada en capturar la terminal privada de APMTQ.
Este es un asunto muy complejo que no debe ser visto como una lucha entre buenos y malos. Es una pelea entre dos mafias.
Ahora bien, semejante embrollo, en realidad es una oportunidad para el gobierno de Arévalo. Esto porque, a diferencia de muchos otros problemas nacionales, se trata de uno que sí se puede resolver. Se trata de negociar de forma hábil e inteligente con APMTQ, con un apego estricto a la ley y a las prácticas de probidad y transparencia y, posiblemente, recuperar el control de la EPQ ejerciendo las facultades constitucionales del presidente para intervenir la empresa.
Esta estrategia requiere, como premisas obligadas, primero que el presidente Arévalo conforme un equipo multidisciplinario e intersectorial con gente que sí sepa del tema y que tenga capacidad para diseñar una ruta de solución, viable y rápida. Y, que la solución no se decante por «tácticas pragmáticas» que toleren cuotas de corrupción para lograr que las cosas funcionen; es decir, que la solución y su operación sean rigurosamente honestas.
Solucionar, de una vez por todas, el problema del Puerto Quetzal es una gran oportunidad para el Gobierno del presidente Arévalo. Pero, requiere madurez política y, ciertamente, cambiar la estrategia demostrada hasta ahora. ¡Urge!
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