Si en Guatemala se cumpliera a cabalidad lo que dicen la Constitución y las leyes, los consejos de desarrollo serían una maravilla. El asunto no es una discusión teórica sobre su concepto, sino porque, en la práctica, son un caso agudo de captura por estructuras corruptas y del crimen organizado. Un problema que, por supuesto, no es nuevo. Mal manejado, el riesgo es que el presupuesto asignado a los Codede puede convertirse en una fuente de dinero que alimente a corruptos y al narcotráfico.
Esta es la principal preocupación que por meses vienen expresando varios y diversos sectores, ante la actitud del gobierno del presidente Arévalo en incrementar exponencialmente los aportes que el Gobierno Central le traslada a los Codede. Entidades tan diversas como el Icefi o el Cacif se han pronunciado públicamente para expresar su preocupación por este riesgo.
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Y es que los datos, efectivamente, son inquietantes. En 2021, en el apogeo del poder de Giammattei y Miguel Martínez, preocupó mucho que en una ampliación presupuestaria se incluyera un aporte extraordinario de Q300 millones para los Codede, supuestamente para apoyar a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, pero que, en realidad, fueron a parar a los bolsillos de los corruptos. Ya en 2023, fue un escándalo que ese aporte extraordinario se había duplicado, alcanzando Q600 millones. En la ampliación presupuestaria aprobada en agosto de 2024, se añadieron Q1,881 millones, elevando el aporte extraordinario a los Codede en 2023 a un total de Q2,481 millones, ¡más de seis veces el monto de 2021!
Para 2025, la alianza de diputados oficialistas agregó Q5,012 millones, por lo que en este año los aportes extraordinarios a los Codede rondan los Q7,000 millones, ¡casi 23 veces el monto de 2021! Agregado a los Q5,012 millones de aportes extraordinarios, en 2025 se tiene previsto que los Codede reciban en total alrededor de Q12,000 millones. Como agravante, la distribución geográfica de estos aportes extraordinarios por alrededor de Q7,000 millones quedó establecida en ley, siguiendo criterios políticos, notoriamente antitécnicos, y con controles debilitados.
Es demasiado dinero. ¿Debemos esperar que los corruptos y narcos se reprimirán y guardarán mesura y recato ante semejante botín a la vista? Recordemos, el presidente, vicepresidente, ministros y secretarios del Gobierno Central cambiaron el año pasado, pero no la gran mayoría de alcaldes y diputados distritales.
La semana pasada, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) presentaron dos herramientas de seguimiento en línea de la ejecución de los Codede, como un esfuerzo por transparentar su ejecución presupuestaria y prevenir la corrupción y los abusos. Sin duda, es un paso correcto, se aplaude y saluda como medida indiscutiblemente necesaria. El problema, sin embargo, no está resuelto, ya que, pese a estas acciones acertadas, sigue abierta la pregunta: ¿es suficiente?
El temor persiste de que la respuesta sea negativa. En general, las principales ejecutoras de las asignaciones presupuestarias de los Codede son las municipalidades, las cuales son autónomas. Es decir, el Ejecutivo presidido por Arévalo está limitado para ejercer control y supervisión.
La preocupación es por el hecho de que, por honesto que sea el presidente Arévalo, por acertadas que sean las herramientas de transparencia del Minfin y la CNC, ¿podrán evitar que ese dinero caiga en manos de narcodiputados y narcoalcaldes?
Por supuesto, dado el ordenamiento constitucional y legal vigente, y lo que dicen los decretos que aprobó el Congreso, la respuesta es no, no lo pueden evitar. De hecho, están obligados a entregarles el dinero. Así lo dicen los decretos aprobados.
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