Es imprescindible contrarrestar las narrativas espurias que pretenden cambiar los hechos históricos: durante la guerra civil fratricida que desangró a Guatemala entre 1960 y 1996, la vasta mayoría de crímenes, incluyendo actos de genocidio, fueron perpetrados por el Ejército de Guatemala y las fuerzas paramilitares, conocidas como patrullas o comités cívicos de autodefensa civil. Esto no exculpa a los integrantes de la guerrilla que cometieron crímenes similares, por lo que no puede justificase continuar premiando a los principales perpetradores de esos delitos de lesa humanidad.
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En todo caso, si se quisiera zanjar este debate histórico, es importante tomar en cuenta que con varios y diversos adefesios legislativos, varias administraciones de gobierno ya han tirado enormes cantidades de dinero trasladándolo a grupos que, quizá, tienen algunos exmilitares que verdaderamente combatieron durante la guerra. Pero la realidad es que una buena parte de esa gente, muy probablemente, no tiene nada que ver con los veteranos militares de la guerra, y forma parte de estructuras diseñadas para desfalcar al Estado, amparadas bajo una narrativa de ultraderecha que resulta falsa cuando se analiza con el debido rigor histórico.
Pero no, desde las asquerosas gestas de Efraín Ríos Montt por intentar ser electo presidente de la República y rehacerse con el poder luego de su asesino régimen de facto que desangró a Guatemala entre 1982 y 1983, ha quedado claro que dar dinero a los exmilitares es un atajo para granjearse beneficios electorales. Siendo una fuerza de choque, no muy distinta a las huestes de «maestros» de Joviel Acevedo (muy distintas, por cierto, a los Maestros de verdad, los educadores, con M mayúscula, verdaderos héroes y heroínas nacionales), la senda que trazó Ríos Montt hoy la siguen muchos diputados, alcaldes y politiqueros que buscan elegirse o reelegirse, precisamente ofreciendo dinero.
Sin ningún pudor, es claro que esa es la intención de la iniciativa de ley número de registro 6416, dictaminada favorable por la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República. De aprobarse este nuevo adefesio legislativo, se estaría modificando la Ley Temporal de Desarrollo Integral, que no es más que un eufemismo para encubrir un ardid legislativo aprobado en 2022, en pleno régimen corrupto de Giammattei y que, en realidad, lo que hace es dar dinero a los exmilitares a cambio de favores políticos. La «genialidad» de los diputados ponentes y quienes firmaron el dictamen favorable, consiste en agregar como beneficiarios a los exmilitares que residan en el extranjero, a los privados de libertad no condenados y a las viudas o convivientes de los que hayan fallecido.
¡Vaya «maravilla»! Y, ¿por qué, en vez de dar dinero a los exmilitares en el extranjero, no se diseña e implementa un programa realmente efectivo para las hermanas y los hermanos migrantes?, otros que sí son héroes de la patria. O, ¿por qué no se incrementan las pensiones del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)?
El referido dictamen favorable carece de opiniones o análisis técnicos de los entes rectores como el ministerio de Finanzas Públicas, o del ente ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). De aprobarse la versión dictaminada, se agudizaría lo que ya es un enorme y descomunal desperdicio de recursos dentro del presupuesto del Mides.
Toca oponerse a este nuevo insulto de un grupo de diputados. Con el debido rigor técnico, las entidades rectoras del Gobierno deben pronunciarse en contra, y nosotros, la ciudadanía, rechazarlo contraproponiendo mejoras a los programas del IGSS.
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