La forma en la que la alianza oficialista logró despojar de inmunidad a una magistrada y tres magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral y en la que aprobó el presupuesto para 2024 no tiene parangón en la historia contemporánea de Guatemala. Las artimañas y mecanismos por los que Manuel Baldizón se hizo famoso cuando presidió, en 2008, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM), comparadas con lo que en el Congreso hicieron el jueves pasado lucen como travesuritas infantiles, casi hasta inocentes.
El tránsito parlamentario del proyecto de presupuesto para 2024 estuvo plagado de errores y anomalías. Desde que el Organismo Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto, el 2 de septiembre, se advirtieron debilidades técnicas, por lo que numerosas entidades, incluyendo al Icefi, formularon recomendaciones para corregirlas.
Siguiendo el procedimiento usual, se trasladó la propuesta a la CFPM, la cual, no solo no atendió las recomendaciones para mejorar la propuesta del Ejecutivo, sino que en su dictamen introdujo alteraciones muy dañinas, no solo para el nuevo gobierno, sino para toda la economía. Tan graves eran estas alteraciones que, sin exageración, fue calificado como un verdadero mamarracho presupuestario.
De nuevo, varias entidades se pronunciaron recomendando no aprobar la versión del proyecto de presupuesto dictaminada por la CFPM. Sin embargo, cuando el Congreso aprobó el presupuesto para 2024 mediante el Decreto número 18-2023, no solo no se corrigieron estas falencias y errores, sino aprobaron 15 enmiendas que lograron lo que se creía ya muy difícil: empeorar el presupuesto para 2024 tornándolo aún más dañino de como lo había dejado el dictamen de la CFPM.
El presupuesto aprobado para 2024 mantiene el error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios, está plagado con aportes a ONG y contratos de obras adicionales a los que ya había introducido la CFPM, todos muy cuestionables y que, en muchos casos, están vinculados con, incluso, los propios diputados de la CFPM.
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Además, tiene una treintena de normas complementarias para la ejecución presupuestaria, cuyo objetivo es entorpecer la gestión del nuevo gobierno. Tampoco corrigió las alteraciones a los artículos que regulan la negociación, emisión y colocación de bonos del Tesoro, con el riesgo serio y real de paralizar la colocación de esos títulos de deuda soberana y con ello detener el servicio de la deuda pública (default) y la inversión pública. En la desesperación por resolver estos problemas, el nuevo gobierno podría verse obligado a echar mano de otras fuentes de financiamiento, poniendo en peligro, además, el gasto social y, con graves riesgos de gobernabilidad, el pago oportuno de las nóminas salariales del Estado.
La gravedad, envergadura y profundidad de las anomalías que plagan el presupuesto aprobado para 2024 ha generado que numerosas entidades, con signos políticos e ideológicos diversos, soliciten al presidente Giammattei vetarlo.
Entidades tan disímiles como la Asamblea de Autoridades indígenas, el Icefi, el Cacif, Fundesa, la Fundación Libertad y Desarrollo, la Cámara de Comercio de Guatemala, el Consejo Nacional Empresarial y el Movimiento Cívico Nacional se han pronunciado solicitándole a Giammattei el veto. Esto es un indicador muy claro que el asunto no es ideológico, sino una preocupación compartida para evitar los daños para toda Guatemala que provocaría la vigencia del presupuesto aprobado para 2024.
Casi al final de su gestión, el presidente Giammattei tiene una nueva oportunidad de hacer lo correcto. Presidente Giammattei, por favor, atienda el clamor ciudadano y vete el presupuesto aprobado para 2024.
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