En la práctica, todo proceso de gentrificación termina por expulsar del territorio a sus habitantes originales y generar incrementos en el valor del suelo, previamente adquirido a bajo costo por los supuestos inversionistas o empresas desarrolladoras. Término castellanizado del inglés developers que designa a las empresas inmobiliarias a gran escala.
El virus de la gentrificación ha contaminado a ciudades como París. Pero en nuestra tierra no somos excepción al contagio. Un claro ejemplo es Antigua Guatemala, cabecera del departamento de Sacatepéquez y patrimonio cultural de la humanidad, designada así por la Agencia de Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
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De ser una ciudad atractiva para el turismo nacional y la recreación cultural, especialmente en cuaresma y Semana Santa, Antigua Guatemala empieza a ser ajena hasta para quienes la han habitado desde siempre. No se trata de un proceso de corto plazo, sino de un fenómeno que ha llevado varias décadas en larvarse. Ya a finales de los años 90 se transaban propiedades en el centro de la ciudad por valores de hasta tres millones de dólares. Conforme el paso del tiempo, esos precios se han elevado y el alcance geográfico de la invasión silenciosa, también.
El exalcalde de Antigua, Víctor Hugo Del Pozo, concentró su gestión municipal en otorgar licencias de cambio de uso del suelo y autorizaciones para construcción. Entre otras, se mencionan la de construir un centro de convenciones en la aldea de San Juan del Obispo o un condominio en Santa Ana. Pero estas no fueron las únicas concesiones que realizó Del Pozo.
El actual alcalde, Juan Manuel Asturias Sueiras, propuesto por un Comité Cívico, ofreció un cambio en la gestión. El que no fuese electo por llevar la bandera de partido político alguno debió servirle de señal clara de que se esperaba de él una gestión diferente. De hecho intentó mostrar una imagen de cambio al renunciar a su salario. Decisión que sostuvo por seis meses y luego, en el segundo semestre del año pasado, volvió por sus fueros a recetarse un salario de 40 mil quetzales. Esto sin mencionar otros gastos onerosos que incluyen vehículos de lujo que se adquieren supuestamente para patrullar pero que se utilizan para viajar a la ciudad de Guatemala.
La tapa al pomo de las acciones de abuso, por parte de Asturias, ha sido la destitución de más de 200 personas que laboraban para la alcaldía, y la entrega de espacios que amplifican la ya avanzada gentrificación de la ciudad colonial. De allí que varios Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Antigua aplaudan la acción de la diputada Sonia Gutiérrez quien presentó una demanda contra el alcalde, el Concejo Municipal, el Consejo Nacional de Protección de la Antigua Guatemala (Cnpag), así como al Conservador de la ciudad. La demanda es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, depredación de bienes culturales, responsabilidad de funcionarios públicos en el patrimonio cultural y modificaciones ilícitas de bienes culturales.
Como bien indica Ninfa Morales Blanco en su ensayo, El proceso de gentrificación de Antigua Guatemala, publicado en la compilación: Geografía turística latinoamericana, «la puesta en valor de Antigua Guatemala para el turismo, y la visión de esta actividad como una alternativa para el desarrollo económico sin considerar las implicancias sociales y ambientales, contribuyen a la degradación de aquellos atributos y elementos que se pretendían poner en valor».
En última instancia y ante la creciente ola gentrificadora en Antigua, cada vez que la visiten habrá que buscar aquellos lugares que exhiban un cartel con la frase «se habla español».
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