La necesidad y la legalidad de ese seguro son indiscutibles. Las estadísticas monstruosas de incidentes de tránsito son contundentes. El Gobierno tenía todo a su favor para lograr con éxito saldar una deuda social que, como ellos dijeron, todas las administraciones anteriores habían evadido. El seguro es imprescindible y debe aplicarse. Pero bien hecho.
Y, entonces, ¿por qué le salió todo tan mal a la administración de Arévalo?
Se cometieron varios errores. Quizá el principal fue no tomar en cuenta la realidad en la que la gran mayoría de familias guatemaltecas vive, sino sobrevive, con un presupuesto en extremo ajustado: comprar una póliza de seguro, a los precios actuales en el mercado asegurador, es un golpe mortal a sus economías.
Esta fue la razón por lo que los gobiernos anteriores evadieron esta responsabilidad. Por ello, los políticos de oposición, de manera peculiar la señora Sandra Torres, no desaprovechó la oportunidad para redituar del error gubernamental. La oposición volvió a demostrar más sagacidad y conocimiento del sentir del pueblo, que tiene más barrio.
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Aunque las autoridades explicaron que se sostuvieron jornadas de reuniones con algunos sectores, quedó claro que no estaban todos los interesados o involucrados. De manera especialmente sensible, esos espacios no incluyeron a las representaciones de los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales. Por otro lado, fueron espacios cerrados, o por lo menos poco publicitados. Si las autoridades no lo mencionan en las conferencias de prensa, cuando ya era demasiado tarde, la opinión pública no se hubiera enterado. Falta de transparencia y compromiso por la participación ciudadana.
Y, aunque las empresas aseguradoras sí participaron en esos espacios, el resultado fue inefectivo porque no hubo acuerdos o compromisos. De hecho, las aseguradoras actualmente no tienen productos adecuados para la aplicación masiva de una obligación general. El Gobierno debió lograr un acuerdo público con las aseguradoras, para aplicar mecanismos de mercado con los que, conforme creciera masivamente la demanda, y las empresas incrementaran su oferta, los precios de las pólizas bajaran drásticamente quizá algo como Q100 o Q200 anuales, verdaderamente accesible.
Terriblemente inoportuno, porque ¿a quién se le ocurrió la «genial» idea de publicar los acuerdos el lunes inmediato posterior al accidente sufrido por el diputado oficialista Samuel Pérez? Era más que evidente que los desinformadores y agitadores en redes sociales no iban a desaprovechar esa oportunidad servida en bandeja de plata.
Muy mal comunicado. Previo a emitir la normativa, sabiendo que se trata de un tema en extremo sensible, el Gobierno debió invertir en sendas campañas de información, sensibilización y educación vial, un esfuerzo que requiere meses. La publicación de los acuerdos, sin esta preparación, lució como una acción arrogante, autoritaria e insensible, aunque no hayan sido esas las intenciones ni las actitudes. Debían primero demostrar que entienden y conocen el sentir del pueblo, y que, por ello, la implementación es cuidadosa y prudente.
La medida debió ser gradual, primero vehículos lujosos y de modelo reciente, luego de uso comercial, y poco a poco, conforme el mercado se ajusta y los precios bajan, los vehículos de las familias con menos recursos. Faltó demostrar pericia y conocimiento técnico del tema, mucho más allá de las obligaciones legales y una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
Ojalá el Gobierno y el presidente Arévalo asuman este revés como una oportunidad para la autocrítica consciente y honesta, adoptando los ajustes y correctivos que hagan falta. Una vez más, nadie pide que sean infalibles, sino sabios, que sepan corregir.
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