Nos reconocemos en las miradas, en los abrazos largos, en las consignas que se dicen en voz alta lo que tantas veces nos obligaron a callar. Marchar no es solo caminar juntas: es interrumpir el orden, desobedecer las violencias sistemáticas y estructurales que intentan disciplinar nuestros cuerpos todos los días.
Este año volví a marchar en una ciudad que aún me resulta ajena. Una ciudad donde el racismo no es una excepción, sino una práctica cotidiana, institucional y profundamente enraizada.
Caminar sus calles con otras mujeres, especialmente mujeres mayas, es también disputar un territorio que históricamente nos ha sido negado. Porque nuestra lucha no es solo contra la violencia de género, sino también contra el racismo que insiste en decirnos dónde sí y dónde no pertenecemos.
Diversas, rebeldes, a veces distintas entre nosotras, pero firmes en la certeza de que nuestros derechos no se negocian.
Tomar las calles es un acto político, pero también un gesto de existencia: dejar huella donde antes quisieron borrarnos, sembrar presencia donde nos quisieron en silencio, en un país que muchas veces preferiría no vernos.
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Pero mientras algunas marchábamos, otras no pudieron hacerlo. Y esa es una verdad que incomoda. No todas las mujeres tienen el privilegio de tomar las calles.
Mientras unas alzábamos la voz, otras sostenían la vida: en call centers, en casas particulares, en restaurantes, en hoteles, en mercados y plazas. Muchas estaban ahí mismo, mirándonos pasar mientras trabajaban, vendiendo agua, sombreros o granizadas. Ellas también luchan, aunque no siempre puedan gritarlo.
El 8M también es ese espejo incómodo que nos obliga a preguntarnos: ¿Quiénes pueden ocupar el espacio público? ¿Quiénes siguen quedando fuera, incluso dentro de nuestras propias luchas?
Y en medio de todo, una imagen que abre camino: las niñas de Asociación Coincidir que encabezaron la marcha. No es un gesto menor. Es profundamente político.
Verlas al frente, gritando consignas, exigiendo espacios seguros para jugar, tomando las calles con esa fuerza, nos habla de otro presente posible.
Ellas no están dispuestas a heredar el miedo. Su presencia no es simbólica: es una forma de decir que la lucha no empieza después, empieza ahora. Que cambiar el rumbo también significa que las niñas crezcan sabiendo que las calles, la voz y el futuro les pertenecen.
Pero también hubo otro mensaje, más claro que cualquier discurso.En la marcha del 8M, el Estado, ese que se nombra como «de la primavera y del pueblo» dejó ver qué decide proteger: paredes, monumentos, propiedad privada. Un despliegue policial cuidando lo material, acordonando la ciudad, conteniendo nuestros pasos.
Y entonces las preguntas arden:
¿Dónde está ese mismo resguardo cuando se trata de la vida de las mujeres y las niñas? ¿Quién protege nuestros cuerpos cuando denunciamos violencia? ¿Por qué una pared parece valer más que una vida?
Se cuidaron muros, pero no se abrieron espacios. Se protegieron las fachadas, pero no hubo escucha. Y eso también es un mensaje político. Porque cuando un Estado defiende la piedra con más fuerza que la vida, no es contradicción: es una elección.
Y aun así, volvemos a las calles. A incomodar, a nombrarnos, a existir. Porque mientras nuestras vidas sigan siendo cuestionadas, marchar no será una opción,
será una necesidad.
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