Poco se puede agregar a lo ya dicho sobre la vergonzosa ilegitimidad de las acciones del Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras. Pareciera que, conforme se acerca el 15 de mayo de 2026, cuando terminará su mandato, las acciones de Porras se tornan cada vez más desesperadas, insensatas y agresivas.
Esta quizá es la mejor explicación de por qué el MP vuelve a protagonizar un escándalo al criminalizar a Pacheco y Chaclán, por participar en las jornadas de protesta de octubre de 2023, cuando ejercían posiciones de liderazgo en los 48 Cantones de Totonicapán. El análisis de varios juristas muestra la improcedencia —si no es que la ridiculez— de las acusaciones del MP por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. Las argumentaciones del MP son tan débiles y risibles, que fueron ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, severa y drásticamente agravadas por la reserva del caso, secretismo impuesto al proceso que deja margen amplio a convencerse que no es un asunto de justicia y averiguación de la verdad.
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Son varias las posibles motivaciones para las autoridades actuales del MP o sus patrones de facto. Por un lado, con la criminalización de Pacheco y Chaclán los estrategas mediáticos al servicio de Porras y su gavilla estarían estimulando los sentimientos de enojo de quienes se vieron afectados por los bloqueos viales y las jornadas de protesta de octubre de 2023. Personas cegadas por la ira, incapaces de analizar y reflexionar sobre la naturaleza y contexto de esas acciones de hecho, egoístas profundos que poco les importa la defensa del incipiente régimen democrático, la situación política o las expectativas de desarrollo del país. El MP acierta en azuzarles, personas que lo único que les interesa y cuyo mundo y visión se reduce al desafío cotidiano de llegar a su trabajo o transportar su mercancía.
También es un acto intimidatorio al funcionariado del gobierno de Arévalo, toda vez Luis Pacheco es viceministro de Desarrollo Sostenible, del ministerio de Energía y Minas. Es una acción que apoya los esfuerzos de los grupos golpistas que están buscando por cualquier vía derrocar al presidente y vicepresidenta democráticamente electos. Alimenta el temor a las locuras desesperadas del MP, temor que ya se propaga en el funcionariado gubernamental, pero también entre periodistas, defensores de derechos, operadores de justicia honestos, entre otros.
Alimenta también la sed de venganza de quienes fueron perseguidos penalmente por la Cicig y la administración anterior del MP. Son los que dan vítores cuando se le dicta prisión preventiva a personajes afines al Gobierno actual, quienes defendieron los resultados electorales en 2023 o son defensores de derechos, al clamor de «que prueben un poco de su propia medicina», sin importarles si son inocentes o si las acusaciones son espurias. Se trata de personas incapaces de entender que la venganza es totalmente ajena a la justicia.
Con esta acción, el MP también se congracia con grupos racistas, al pretender intimidar a los pueblos mayas y originarios, a sus autoridades ancestrales que ejercieron un liderazgo histórico en 2023, no solo para defender los resultados electorales, sino a fijar una posición clara a favor del régimen democrático.
Aunque mantengan en secreto los detalles del proceso, tengamos claros estos hechos. Y, parte de esa claridad imprescindible, también no nos dejemos provocar o manipular por Porras y su pandilla. Demostremos más inteligencia que ira o superficialidad.
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