Hay un asunto que debe internalizarse si queremos analizar el funcionamiento de nuestras instituciones de gobierno, cuestión obligatoria para cualquiera que llegue con sombrero de crítico. No hacerlo cae en la irresponsabilidad o en la mala fe: los entresijos de la remoción de personal.
Toda nueva administración necesita llegar con personas de confianza (técnicos, administrativos, financieros, gerenciales, operativos…). Hay un nivel superior de personal de confianza y se toma con relativa naturalidad que se realicen cambios. Algunos se pueden hacer según la voluntad de un ministro o ministra, pero otros resultan condicionados o influenciados por disposiciones superiores o exteriores (pactos políticos, cuotas sectoriales, demandas de actores del poder real).
Ahí, en el mismísimo centro sináptico de ese organismo (la conducción estratégica), encontramos un primer elemento que puede afectar el comportamiento y rendimiento institucional. Esto alcanza también al segundo círculo (el nivel gerencial donde recaerá la responsabilidad de ejecución).
Además, debe reconocerse que, en ocasiones, la nueva autoridad no tiene suficientes personas de su confianza para llenar los puestos del primer círculo.
Cuando se trata de simple repartición de la institución como un botín (eso fueron las recientes administraciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación —MAGA—), este problema genera menos fricción y cada uno va a lo suyo. Cuando se quiere hacer un trabajo con unidad de fines y criterios, los problemas con los cambios en el primero y el segundo círculo se amplifican.
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En el armado de los dos primeros círculos interviene un nuevo elemento obstructivo de las intenciones genuinas: las personas honestas y capaces se juegan a un solo tiro honra, credibilidad, patrimonio material y libertad, porque firmar documentos es un acto sumamente peligroso en un Estado cooptado como el actual. De esa cuenta, una cabeza ministerial podrá conocer a todas las personas correctas para los puestos, pero muy pocas —especialmente si tienen experiencia en Administración pública— aceptarán la responsabilidad.
Vamos al elemento final por destacar en esta emisión: la inamovilidad del personal y sus razones.
La estructura de la fuerza laboral es una aberración estructural, por obra de ingeniería. La ausencia de voluntad política en el Legislativo (fundamentada en intereses ilegítimos) tiene a todo el Estado de rodillas ante el clientelismo y la extorsión laboral, donde los empleados son rehenes manipulables para servir de espías e informantes, activistas políticos, operadores con funciones paralelas y otras linduras. La Ley de Servicio Civil y su institucionalidad son verdaderos lastres para el presupuesto nacional y para su ejecución.
El siniestro resultado es que muy pocos puestos son de carrera y la mayoría de los empleados laboran con contratos de corto plazo, sin reglas claras y justas para la asignación de honorarios, ni garantías de que los puestos sean ocupados por personas con el perfil adecuado.
Siendo así, «cancelen los contratos y ya», dirán muchos. Prueben antes de hablar. Si les cancelan o no les renuevan el contrato van a demandar, y van a ganar. Terminan reinstalados y con los bolsillos llenos con parte del dinero de los salarios caídos durante los meses y hasta años que dura la demanda (otro sistema de diseñador).
Luego vienen los dirigentes sindicales (inamovibles por ley) y un buen número de personas de administraciones anteriores que responden a funcionarios que ya no están y que son difíciles de detectar.
Esto no es exhaustivo, sirva para dar un ejemplo de por qué depurar la fuerza laboral en dependencias del Estado no es cosa de tronar los dedos y ya. No depende de la capacidad de los funcionarios o de su voluntad política, consiste en enfrentar un sistema hecho cultura, resiliente como las peores malas hierbas del campo.
Mientras el Congreso no formule una nueva Ley de Servicio Civil ni se enmienden las leyes laborales, no culpen a quienes llegan de manos atadas a tratar de depurar las instituciones. Hasta al más competente lo incapacita el sistema cuando quiere hacer cambios. Aún así el MAGA se atrevió, y eso es imperdonable para el sistema.
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